(EFE).- El juzgado que instruye la causa por la muerte de Santi Coca, el menor donostiarra que falleció tras una pelea en San Sebastián, ha ordenado el ingreso en la cárcel de uno de los seis jóvenes investigados por este fallecimiento, quienes se encuentran en libertad provisional desde hace un año.
Según han informado a EFE fuentes del caso, el investigado que ha vuelto a prisión -un joven de origen argelino- habría vulnerado las condiciones que le permitían continuar en situación de libertad provisional a la espera de juicio.
Santiago Coca falleció tras permanecer dos días en coma en el hospital, después de sufrir una agresión la madrugada del 26 de abril de 2019 por parte de un grupo de personas en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra.
Equipos sanitarios desplazados al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tras lo cual fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde falleció dos días después.
La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con estos hechos, si bien el Juzgado de Guardia solo ordenó prisión provisional para seis de ellos: tres chicos rumanos, uno de origen argelino, otro marroquí y un español.
No obstante, el año pasado los seis accedieron a la libertad provisional, después de que el informe de la autopsia desvelara que los traumatismos que había sufrido el fallecido fueron «de escasa entidad», sin resultar concluyente sobre las razones de la hemorragia cerebral que acabó con su vida y sin decantarse entre una causa «homicida» o «natural».
El juzgado les impuso entonces distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial, cuyo quebrantamiento por parte del joven de origen argelino han conducido ahora a su reingreso en prisión provisional sin fianza, según las fuentes.
Además, durante el tiempo transcurrido durante la fase de instrucción, el juzgado que investiga el caso ha decidido incoar el procedimiento a través de un tribunal del jurado, por un presunto delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad -eventualmente sancionado con penas de diez a quince años de prisión-, así como por dos delitos leves de lesiones.
En el auto en el que se adopta esta decisión, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado considera que existen «indicios claros» de la participación de los investigados en «la agresión que desembocó en el fallecimiento» del menor.
El documento aclara, en este sentido, que de las diligencias practicadas «se han extraído indicios de la distinta participación de todos ellos en una agresión conjunta» a la víctima que «provocó unas lesiones inmediatas y un estado grave de la misma» y que «posteriormente podría haber desembocado» en su fallecimiento «tan solo dos días después».
En cualquier caso, el auto advierte de que el resultado de la muerte del menor «es atribuible en este momento de forma indiciaria a título de dolo eventual», ya que «el número de agresores, la intensidad de las agresiones apreciadas y la localización de las mismas» implican la posibilidad de que resultara «previsible» para los investigados la «alta probabilidad» de que pudieran «ocasionar» su fallecimiento o, al menos, «lesiones de alta gravedad».
Una circunstancia que, según el escrito judicial, parece «acentuada» por el hecho de que las agresiones continuaran «incluso» cuando ya era «evidente» que la víctima estaba «inconsciente en el suelo, sin posibilidad de defenderse y con evidentes signos de la existencia de lesiones graves».
Paralelamente a este auto, que ha sido recurrido por varias defensas, la Fiscalía ha solicitado un nuevo pronunciamiento forense que especifique cuál fue la causa «más probable» de la muerte de Santiago Coca y que explique además las «discrepancias» entre el primer informe de autopsia y el definitivo.
Según las citadas fuentes, esta petición del Ministerio Publico también ha encontrado la oposición de las defensas, una de las cuales considera, en un recurso al que ha tenido acceso EFE, que se trata de una prueba «del todo improcedente», porque no exige de los médicos forenses un informe médico «sino un juicio de probabilidades que excede de sus funciones» y que «carece de fundamento legal».
En su escrito, esta defensa señala además que «no existe ninguna discrepancia entre el informe preliminar de la autopsia y el definitivo», dado que ambos atribuyen la «causa fundamental de la muerte» a una hemorragia subaracnoidea, y recalca que el primer informe de autopsia fue elaborado «con todas las garantías» por «forenses expertos del juzgado» por lo que «no es admisible» la práctica de uno nuevo que además vulneraría el derecho a la defensa.
El documento reclama también el sobreseimiento provisional de la causa respecto al delito de homicidio, al no existir «indicios» en el procedimiento de que la agresión sufrida por la víctima «fuera la causa de su muerte».
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