Las Plataformas de Stop Desahucios Euskadi han valorado positivamente la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la Ley de Vivienda Vasca. «Reconoce que las viviendas deben estar habitadas para cumplir con su función social y que las leyes pueden concretar este deber y establecer consecuencias cuando se incumple, incluida la expropiación», expresan las plataformas en un comunicado.
En concreto el tribunal considera válido el artículo 63 que define los instrumentos públicos de intervención administrativa en viviendas que no cumplen su función social: expropiación de uso, canon sobre viviendas deshabitadas, alquiler forzoso, imposición de multas y sanciones o ejercicio de derecho de adquisición preferente y desahucio administrativo.
«El Gobierno vasco tiene via libre para crear el Registro de Viviendas Deshabitadas y los ayuntamientos para iniciar procedimientos que incorporen las viviendas vacías al alquiler social. Igualmente es importante que la sentencia reconozca la acción pública administrativa, que permite que cualquier ciudadano haga valer la Ley de Vivienda Vasca ante las administraciones públicas».
Stop Desahucios considera que la Consejería de Vivienda del GV dispone ahora de todas las herramientas para impulsar políticas de vivienda y movilizar las 35.000 viviendas vacías que oficialmente pueden ser alquiladas. «Es prioritario que se apruebe de una vez el Decreto que regula el Derecho Subjetivo, paralizado injustificadamente, que se dediquen recursos suficientes para dar respuesta a la actual demanda, mas de 53.000 inscritos en Etxebide, y que se tomen medidas contra la especulación».
Al respecto el Portavoz y Consejero Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, también valoró ayer positivamente la sentencia que el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento vasco en junio de 2015. “Con ella queda reafirmada la función social de la vivienda y la plena competencia de la Comunidad Autónoma para regularla”.
Además explicó que se convalida, sin restricción alguna, la capacidad del Gobierno Vasco para actuar sobre la vivienda deshabitada que no cumple la función social, tanto a la hora de definir cuándo una vivienda puede calificarse de deshabitada como a la hora de desplegar los instrumentos previstos en la norma para incentivar su ocupación o penalizar su falta de uso. “Vamos a poder aplicar la Ley de Vivienda en todos sus extremos fundamentales con plena seguridad jurídica”, remarcó.
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