(EFE/Redacción). Tras la concentración de Stop Desahucios esta mañana en Donostia el Departamento que dirige Iñaki Arriola ha confirmado en un comunicado que los alojamientos dotacionales se ceden durante 5 años a personas que «aceptan» y el carácter «temporal y rotacional» de estos recursos. «Pretender que se mantengan las adjudicaciones cuando se incumple un requisito como excederse del límite de ingresos cuestiona el propio sistema que dio ese derecho a la persona y que entró, hace 5 años, con carácter preferente a otras», ha asegurado.
El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ha contestado en estos términos a Stop Desahucios, que ha señalado este viernes en rueda de prensa que el Gobierno Vasco ha comunicado a 7 familias de Intxaurrondo y de Sagastialde (Hernani) que deben abandonar sus viviendas al finalizar los contratos de los apartamientos dotacionales adjudicados hace cinco años. Originalmente esos apartamentos estaban destinados para jóvenes, pero fueron distribuidos entre otro tipo de familias: monoparentales, personas con discapacidad, etc.
Representantes de Stop Desahucios han puntualizado que el Gobierno Vasco ha denegado el derecho subjetivo a una vivienda a estas personas por sobrepasar el tope de renta fijado en la Ley de Vivienda. «Debe aceptarse que cuando ya no se cumplen» las condiciones «el apartamento pase a otra persona que sí los cumple», ha respondido el Gobierno vasco. Y ha añadido que cuando llega el horizonte temporal de los cinco años, analiza «cada caso minuciosamente» y aborda «con especial atención» las «situaciones de vulnerabilidad».
Con carácter general, mantiene los alojamientos dotacionales «a todas aquellas personas con el derecho subjetivo a la vivienda reconocido«, hasta que puedan ser reubicadas, por lo que «ninguna familia sin recursos queda desamparada»
En las promociones a las que hace referencia Stop Desahucios «todas las personas con derecho subjetivo reconocido y cuyo contrato de alojamiento dotaciones expiraba cuentan ya con una solución habitacional ya sea una prórroga y otro tipo de vivienda protegida.
El resto de casos es analizado en colaboración con los servicios sociales del municipio en el que residen para buscar una solución.
Debido al «contexto excepcional» de la pandemia, Vivienda afirma que ha adoptado medidas para activar varias prórrogas semestrales en los contratos que finalizan en los alojamientos dotacionales, de forma que «ninguna persona» a la que hace referencia Stop Desahucios «tiene que abandonar la vivienda en la fecha señalada, sino que disponen de seis meses más», un detalle que es conocido por los afectados.
Reconoce que el parque público de alquiler «no es suficiente para atender la demanda actual», pero señala que entre 2016 y 2020 Euskadi ocupa la segunda posición en la promoción de viviendas protegidas, con un total de 2.677 viviendas, un 27 % de las que se han hecho en España.
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