La plataforma Stop Desahucios se muestra contraria al Decreto aprobado por el Gobierno vasco que prioriza a los jóvenes como beneficiarios de las viviendas sociales. «Una vez más lo que aquí se está debatiendo es si las viviendas protegidas se destinan a quienes más las necesitan o no y todo este cambio normativo aprobado en plenas Navidades, para que haya menos respuesta contraria, crea serias dudas sobre esta cuestión», plantea Stop Desahucios.
La plataforma recuerda que «este sistema de cupos beneficia considerablemente a los menores de 35 años al reservarles 4 de cada 10 viviendas de alquiler que se construyan, aparte del cupo del Derecho Subjetivo al que también podrían acceder si cumplen los requisitos de ingresos y antigüedad en Etxebide».
«Establecer que menores de 35 años que no cumplan los requisitos del Derecho Subjetivo puedan acceder antes que otras unidades familiares que sí los cumplan atenta contra el propio concepto de Derecho Subjetivo, que como dice la ley debe darse prioritariamente en forma de vivienda», opina la plataforma, que además incide en que si se construyen mayoritariamente viviendas de dos y tres habitaciones como así será seguramente, «¿es más justo que acceda a ellas un joven menor de 35 años o una familia monoparental con hijos menores a cargo?, ¿no estaríamos desaprovechando espacio y recursos?»
Stop Desahucios considera que para la problemática del acceso de los jóvenes a la vivienda ya se va a ampliar el programa Gaztelagun y existen los alojamientos dotacionales legalmente adaptados a sus necesidades tanto en tamaño de los apartamentos como en duración de los contratos, «duración criticable también cuando se trata de familias monoparentales con hijos a cargo, cuyas circunstancias no son las mismas que las de los menores de 35 y cuya duración de los contratos debería adaptarse a estas circunstancias especiales».
«El Gobierno Vasco trata con esta regulación de solucionar prioritariamente el problema de la emancipación de los jóvenes, que también está relacionado con la precariedad y los bajos salarios, pero ignora las leyes y tratados internacionales que sí reconocen expresamente los derechos de los menores y debe garantizar una alternativa habitacional cuando haya desahucios de menores de edad», añade la plataforma.
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