Las plataformas Alokairu, Inquilinos Azora y Stop Desahucios se han manifestado esta mañana para pedir al consejero de Vivienda Iñaki Arriola una reunión en que tratar la situación de las promociones de VPO en Gipuzkoa que han quedado en manos de los fondos buitre. Es el caso de Testa Blackstone en Benta Berri con más de 500 viviendas y de Azora en las 320 que antes eran de Inmobiliaria Vascongada.
Las tres plataformas piden que se mantengan los alquileres sociales-protegidos una vez termine el periodo de protección (en Benta Berri ese final está previsto para 2028, en Lasarte en agosto de 2021, en Errenteria en abril del 2022, y en Irun, Zumaia y Tolosa en en julio de 2021, noviembre de 2022 y enero de 2026 respectivamente).
«Es la obligación del Gobierno Vasco el garantizarles ese futuro y evitar la especulación y el negocio de promotores privados en las viviendas públicas», consideran los afectados, que en su mayoría engrosaron en su momento las listas de Etxebide.
Como ejemplo se ha hablado de la situación de las VPO de Lasarte, donde se está aprovechando la renovación de los contratos de alquiler para fijar la subida del 50% a partir de agosto 2021.
Asimismo las plataformas han expresado la necesidad de que la Consejería desarrolle un protocolo preventivo anti desahucios para que no se den situaciones como la de Victoria en Benta Berri. De hecho se ha hablado sobre las prácticas de Testa Blackstone en Benta Berri, consideradas muy agresivas.
«Han pasado más de 5 años desde la aprobación de la Ley de Vivienda Vasca y ni se han tomado iniciativas reales para contener y regular la escalada en el precio del alquiler en el mercado privado, salvo la publicación de las Encuestas del Mercado del Alquiler (EMA), ni han entrado en vigor medidas necesarias para movilizar la vivienda deshabitada, como el Canon a la Vivienda Deshabitada o la expropiación en zonas de acreditada necesidad de vivienda», han expresado los representantes de las tres plataformas.
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