(EFE). Las asociaciones Aranzadi, Argituz, Egiari Zor, Mikel Zabalza Herri Ekimena, Berridatzi han señalado que el palacio de La Cumbre como espacio de memoria debe tener por objetivo «crear conciencia sobre crímenes de Estado» y han urgido al Gobierno a que lleve a cabo la cesión del inmueble al Ayuntamiento de San Sebastián.
El representante de Aranzadi, Javi Buces, ha informado este lunes en Juntas Generales sobre el proyecto para el Palacio La Cumbre-Memoria Leku en una comparecencia en la que ha estado acompañado de Pili Zabala y Asun Lasa, hermanas de José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa, militantes de ETA que fueron torturados en dicho lugar antes de ser asesinados por los GAL.
La cesión de La Cumbre está incluida en el acuerdo alcanzado por el grupo parlamentario de EH Bildu en el Congreso de los Diputados con el Gobierno de Pedro Sánchez para que la coalición independentista apoyara la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022.
Buces ha señalado que las «bases jurídicas» del proyecto presentado están en la Ley de Memoria Democrática, que «es muy clara» sobre que este» lugar simbólico de represión» que debe convertirse «en espacio de memoria».
El acuerdo para que el lugar simbolice la «represión del Estado» tiene «su lógica», ha defendido Buces», que ha indicado que en Euskadi «se están creando lugares de memoria que pueden conectarse y mantener una relación fluida» y que cada espacio «trata de una tipología de víctimas».
El proyecto apunta a que La Cumbre podría tener una exposición permanente y contar con un servicio psicosocial.
Por su parte, Pili Zabala ha indicado que existen 461 casos de víctimas policiales reconocidas entre el País Vasco y Navarra hasta ahora y que es «importante que estas personas cuenten con atención para atenuar su sufrimiento».
Lasa ha señalado que La Cumbre debería ser un lugar donde estén reflejadas todas las conculcaciones de derechos humanos acaecidas en Euskadi y ha señalado que se haría un «flaco favor a la convivencia ofrecer resistencias a un proyecto que, tal vez es mejorable, pero que se debería consensuar entre todos».
«No se compite por el sufrimiento, nadie cuestiona que las víctimas de ETA han padecido un gran sufrimiento pero hay una ley de Memoria Democrática de 2022 y un mandato para que el edificio sea cedido al Ayuntamiento y que dos años y medio después no se ha cumplido», ha zanjado.
Zabala ha remarcado que «quienes han «padecido la violencia del Estado no han tenido los mismos derechos».
Rechazo del PP
El representante del PP, Jorge Mota, a quien ETA asesinó a su hermano en 1990, ha señalado que el hecho de que las víctimas de la banda terrorista «no tengan un espacio» en La Cumbre es «jurídicamente cuestionable» y supone una «injusticia» que «falta a la realidad de los hechos».
Ha recordado que ETA fue la principal causa de violencia y ha considerado «inmoral e indecente» para sus víctimas verse excluidas.
El proyecto defendido por las asociaciones es a su juicio «peligroso» y sus promotores «están politizando a las víctimas en lugar de velar por la verdad de lo ocurrido».
Mota ha remarcado que no se opone a que La Cumbre recuerde las violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo o los cuerpos de Seguridad pero «siempre que estén documentadas y cuenten con un respaldo judicial».
«La Cumbre debe ser un lugar de memoria inclusivo y no servir a intereses ideológicos que invisibilicen ciertas violencias», ha indicado.
El PSE ha incidido también en que los acuerdos «están para cumplirse» pero ha considerado que, dado que la cesión es al Ayuntamiento de San Sebastián, «es ahí donde debe ser tratada la propuesta».
El representante del PNV por su parte ha señalado que La Cumbre «tiene que hacer referencia a todas las víctimas y todas las violaciones, pero su eje principal debe ser el relato de lo ocurrido a Lasa y Zabala».
Podemos ha defendido que la cesión del edificio al consistorio donostiarra es urgente y ha señalado que la creación de La Cumbre como espacio de memoria «no significa igualar los procesos que han levado a la victimización ni a los que lo han perpetuado sino tomar una posición de respeto y empatía que incluye todos los sufrimientos, pero estableciendo la diferenciación».
EH Bildu ha incidido en que la cesión debía haberse concretado EH Bildu y ha afirmado que la propuesta viene a llenar el «gran vacío en la atención a las víctimas del Estado».
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