(EFE/Redacción). La Policía Nacional ha desarticulado en Zaragoza, con la detención de 30 personas –una de ellas en San Sebastián– una red internacional dedicada a la regularización ilícita de migrantes llegados en patera desde Argelia mediante uniones civiles ficticias o documentos fraudulentos por los que cobraban hasta 15.000 euros.
Según ha informado este martes la Policía Nacional, tras su llegada a España, los migrantes eran alojados en un zulo de apenas nueve metros cuadrados ubicado en la ciudad de Zaragoza en el que vivían en condiciones infrahumanas.
El entramado les facilitaba un “pack” de regularización completa que tenía un coste que oscilaba entre 10.000 y 15.000 euros y que consistía en empadronamientos, contratos de trabajo o cursos de formación fraudulentos con los que solicitaban permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales y permisos de residencia de familiar comunitario mediante uniones civiles ficticias.
En esta operación han sido detenidas 30 personas, 28 en la provincia de Zaragoza, una en Huesca y otra en San Sebastián, y seis han ingresado en prisión.
Origen de la investigación
La investigación policial se inició al detectarse un incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de ciudadanos argelinos en las que se habían presentado diferentes documentos falsos para su tramitación.
Las pesquisas descubrieron una red criminal internacional establecida en España, con integrantes coordinados en diferentes escalones de jerarquía y especializada en la captación de nacionales de Argelia, a quienes una vez introducidos en el país de manera irregular, se les gestionaba todos los trámites necesarios para iniciar su regularización.
El grupo criminal estaba asentado en la provincia de Zaragoza, donde se identificaron a los líderes del entramado, pero con ramificaciones en otras provincias como Alicante, Murcia, Huesca y Gipuzkoa.
Además, contaba con una red de colaboradores e intermediarios cuya labor era facilitar la realización de empadronamientos fraudulentos en los domicilios y formalizar contratos de trabajo falsos en empresas que usaban para llevar a cabo el objetivo último de reunir los requisitos exigidos para la presentación de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales en sus diferentes variantes.
Asimismo, contaba con colaboradores en Francia, que proporcionaban clientes asentados en el país que buscaban arreglar su situación administrativa en España. A estos clientes se les facilitaba la posibilidad de gestionar la solicitud de permisos de residencia españoles sin necesidad de moverse del territorio francés, mediante el envío de fotocopias de sus pasaportes, empadronamientos a distancia, apertura de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros.
Modus operandi
El entramado se estructuraba de forma jerarquizada, desempeñando cada integrante una labor concreta, tanto en la búsqueda de clientes a los que empadronar como de los domicilio, empresas con las que obtener contratos de trabajo o parejas con las que realizar las uniones civiles fraudulentas.
Para ello, la organización solicitaba el pago de cantidades económicas que variaban entre los 600 y 900 euros por un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato fraudulento, entre 2.000 y 6.000 euros por una unión civil ficticia o 200 euros por el transporte de documentación.
Para la elaboración de empadronamientos fraudulentos la organización conseguía individuos que se parecían físicamente a las personas a empadronar, sin la necesidad de que la persona se encontrara realmente en el municipio del domicilio objeto de empadronamiento o incluso en España.
La organización contaba con nexos directos de la llegada de pateras a las costas españolas desde Argelia como fuente directa de “clientes-migrantes” a los que se les facilitaba un «pack» de regularización completa.
Según la misma fuente, los migrantes eran plenos conocedores de que a su llegada se iniciarían los trámites para su regularización y facilitaban sus pasaportes originales de Argelia para que el entramado, a través de sus colaboradores, realizaran el traslado de esos pasaportes hasta territorio nacional.
Una vez en España, los migrantes eran alojados en condiciones infrahumanas en un zulo de nueve metros cuadrados habilitado en uno de los locales gestionados por la organización en Zaragoza, en el que vivían a la espera del inicio de los trámites de su regularización.
La operación culminó con la detención de 30 personas de diferentes nacionalidades, decretándose el ingreso en prisión de los seis principales investigados, entre ellos cabecillas de la organización, tras siete registros en la provincia de Zaragoza en la que los agentes se incautaron de diversa documentación falsa y varios pasaportes argelinos.
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