(Carlos López Izquierdo/EFE). La angustia del lanzamiento pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de Rosa, una madre con un hijo menor a su cargo que, al poco de haber denunciado a su marido por malos tratos, se ha visto inmersa en un proceso de desahucio por el impago de las rentas del piso de protección social en el que reside.
La coincidencia en el tiempo de la amenaza de desahucio con el proceso judicial por violencia de género recientemente iniciado, junto a su «precaria» situación económica, tras la quiebra durante la pandemia del negocio de hostelería que regentaba, han situado ahora «contra las cuerdas» a Rosa (nombre ficticio).
«Vivo dos infiernos: el que he dejado por un lado -los malos tratos, y ahora la amenaza de desahucio«, relata compungida en declaraciones a EFE esta mujer, quien convive con la «incertidumbre» de pensar «qué será» en adelante de ella y de su hijo desde que el pasado abril, apoyada por su madre, se animó a presentar la denuncia.
«Me siento sola y desprotegida» explica, porque cuando eres víctima de malos tratos «oyes muchas cosas» sobre ayudas y apoyos «pero cuando te atreves a denunciar ves que era todo humo, que tampoco es tanto lo que dan y lo que ayudan. Por lo menos en mi caso», resume afligida.
El inicio de sus padecimientos se remonta años atrás, hasta el momento en el que su esposo comenzó a tener episodios de «intensa agresividad» motivada por los celos, en los que presuntamente le gritaba, se encaraba con ella, la agarraba, la empujaba y le insultaba.
«Puta de mierda, zorra, golfa, te voy a cortar el cuello y a joderte la vida«, son algunas de las expresiones a las que tuvo que hacer frente durante su matrimonio, mientras su marido propinaba «puñetazos, patadas y golpes a puertas, paredes y a otros objetos del domicilio», en ocasiones en presencia de su hijo menor de edad.
Según recoge la orden judicial de protección de la que ya goza Rosa, luego llegaron las presuntas «agresiones físicas de carácter más grave»: bofetadas, mordiscos en el labio, agarrones de pelo y hasta un puñetazo en la cabeza«, así como mensajes de whatsapp con insultos y amenazas.
Unos «momentos de agresividad» en los que, según los «indicios» existentes, su marido también habría golpeado «ocasionalmente» al hijo del matrimonio «con la mano abierta» en el cuerpo, además de vejarlo a raíz de su físico, llamándole «gordo, foca o tractor».
Ante esta situación, el pasado 8 de abril, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián dictó una orden atribuyendo a Rosa el uso del domicilio familiar, así como la guardia y custodia de su hijo y prohibiendo además al hombre aproximarse y comunicarse con ella.
Sin embargo, la tranquilidad ansiada por Rosa tras años de sufrimientos tan sólo le duro unos días, porque el 24 de abril otro juzgado donostiarra admitió a trámite la demanda de desahucio de su vivienda de «alquiler social», interpuesta por el Gobierno Vasco por una deuda de 17.363 euros en concepto de rentas impagadas.
De la mano de su abogada, Beatriz Rodríguez Aparicio, Rosa se opuso al desahucio, para el que ya se había señalado el 1 de junio y, tras lograr aplazar inicialmente el lanzamiento, pidió al Juzgado de Violencia contra la Mujer que informara de su situación a los servicios sociales del Ayuntamiento de San Sebastián con la intención de encontrar «una solución habitacional» para ella y su hijo, atendiendo a sus especiales «circunstancias».
De esta manera, el pasado 25 de mayo, el consistorio donostiarra emitió un informe que acreditó la «situación de vulnerabilidad económica» de Rosa, quien con un sueldo «exiguo» aún debe hacer frente al pago del préstamo con el que adquirió el local hostelero quebrado, actualmente en venta.
La familia fue informada además sobre las prestaciones a las que podría tener acceso en el Servicio Municipal de Atención a Víctimas de Género, así como sobre la existencia de ayudas de emergencia social.
Al mismo tiempo, se le informó de la posibilidad de acceder a un piso de emergencia social, aunque en su caso no se llevará a cabo hasta después «del acto de lanzamiento de desahucio de la vivienda» en la que reside».
En paralelo, el juzgado ha considerado acreditada la situación de «vulnerabilidad» de Rosa y su hijo y, en función del decreto de medidas del Gobierno para hacer frente al covid-19 en el ámbito social y económico, acordó suspender el desahucio hasta el próximo 30 de septiembre, se bien se espera que se prorrogue esta medida hasta el 31 de diciembre.
«Nos han dado hasta el 30 de septiembre, pero en esa fecha no sabemos si nos van a dar otros quince días, una semana o lo que sea. Es que no sabemos nada. Nada de nada. Y ya llevamos desde abril así», se lamenta Rosa a quien, después de «todos los años de sufrimiento pasados» nada le haría más feliz que poder quedarse en su casa.
«Es que el niño me dice: ¿Ama dónde vamos a ir? ¿A dónde voy a ir al cole? y le tengo que responder que no sé nada». «Nos mandan de un lado a otro pero no nos dicen nada. De momento se ha parado todo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta el día 31 de diciembre?», se pregunta visiblemente preocupada.
Una circunstancia ante la que su letrada, Beatriz Rodríguez Aparicio, recuerda que, «más allá de una situación de desahucio y de unas rentas impagadas en un contrato de alquiler», Rosa es «una persona víctima de violencia de género» con una orden de protección y un niño menor a su cargo.
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