(EFE). Una ciudadana guipuzcoana se encuentra inmersa en un pugna administrativa por conocer la identidad de su abuela, presumiblemente fallecida, quien hace más de cien años dejó a su padre (muerto en 2016) en el orfanato de Zizurkil, donde el niño fue adoptado en 1922.
El interés de esta mujer por conocer quién fue su abuela le llevó a solicitar esta información en 2016 a la Diputación de Gipuzkoa si bien, tras ver denegada su petición, decidió recurrir luego a la vía judicial en la que sin embargo también vio rechazada su pretensión.
A pesar de ello, en 2023 la afectada formuló a la Diputación una nueva petición de acceso a los datos pero el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales le recordó que este asunto ya había quedado zanjado por sentencia «firme» en 2018, lo que impedía a la Administración facilitarle dato alguno al respecto.
Ante esta nueva negativa, la mujer solicitó la tutela del Ararteko para que la ayudara a acceder a los «datos de origen biológico de su padre fallecido».
Ahora, según señala esta institución en una nota, el Ararteko ha dirigido en respuesta una recomendación a la Diputación de Gipuzkoa en la que plantea la posibilidad de dar una solución diferente al asunto ya que, a su entender, la petición podría encauzarse tratándola como una petición de datos históricos en vez de biológicos.
A su entender, el derecho a conocer esta información «debe valorarse de acuerdo con las reglas del acceso a archivos y registros públicos» y de la normativa de patrimonio histórico y documental.
Recuerda en este sentido que la información se conserva «porque tiene un valor histórico» y por lo tanto denegar el acceso a la misma sin tener en cuenta esta normativa «quizá no es ajustado a derecho».
En su recomendación, el Defensor del Pueblo vasco considera que la «tramitación y atención» del caso correspondería de esta manera al Departamento de Cultura, «competente en materia de archivo histórico».
Según este razonamiento, el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales debería ocuparse de los «expedientes de adopción cuya información se encuentra viva», mientras que los documentos con aparente «valor histórico, dado el tiempo transcurrido» (cien años en este caso), «deberían obrar en poder del Departamento de Cultura y del archivo histórico de Gipuzkoa».
Por estos motivos, el Ararteko recomienda ahora a la Diputación que «tramite el derecho de acceso» a estos datos históricos mediante «una resolución motivada que pondere y valore su interés de acuerdo con las normas vigentes en materia de acceso a archivos y registros públicos y de patrimonio histórico y documental».
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