(EFE). Los padres de tres niños de 7, 6 y 10 años que residen en San Sebastián han pedido a la Fiscalía que adopte las «medidas oportunas que garanticen la escolarización de sus hijos en modelo A», enseñanza en castellano, «financiado con fondos públicos ante la ausencia de oferta de este modelo en los colegios públicos» de la ciudad.
Los progenitores trasladaron el pasado lunes un escrito a la Fiscalía y al Ararteko, que ha adelantado El Mundo del País Vasco y al que ha tenido acceso EFE, en el que aseguran que no tienen que asumir «las consecuencias de la política lingüística de la Administración educativa» y remarcan que ejercen sus derechos «de acuerdo a la legislación educativa vasca en vigor».
Consideran que la Administración vasca «ha hecho dejación de sus funciones, eliminando 2 de los 3 modelos lingüísticos de la Ley vasca de educación, no en la ley sino en la realidad, y ha creado otro modelo de inmersión en euskera totalmente ilegal que se ha impuesto sin la legislación que lo sostenga».
La familia, natural de Madrid, llegó a la capital guipuzcoana el pasado diciembre por motivos laborales procedente de Reino Unido, donde había residido dos años y medio y pidió la escolarización de sus hijos -que cursan segundo y quinto de primaria y tercero de Educación Infantil- en el modelo A, en el que la enseñanza es en castellano y se imparte el euskera como asignatura.
El pasado 3 de febrero la Delegación Territorial en Gipuzkoa de la Consejería vasca de Educación asignó a los pequeños la ikastola Jakintza, un colegio público de modelo D, en el que toda la enseñanza es en euskera salvo la asignatura de Lengua Castellana.
«Desconocemos las horas lectivas a la semana en primaria en castellano, debido a que la directora del colegio se ha negado a dar esa información porque la considera confidencial, pero en todo caso se trata de un modelo muy alejado de las necesidades académicas de nuestros hijos», señala el escrito.
El motivo alegado por el centro -detalla el escrito- es que no hay colegios públicos de modelo A «por no ser posible ni viable la conformación de un grupo».
«Como si la Administración pública tuviera que buscar una suerte de rentabilidad o análisis de gastos-beneficios en un área que incide directamente sobre un derecho fundamental, como es el derecho a la educación que recoge la Constitución Española», agrega.
Consideran «paradójico» que la Administración vasca «no oferte» el modelo A recogido en la legislación en vigor «pero, a cambio, ofrezca educación de inmersión, ilegal según sentencias y doctrina, si no existe una línea con solo la otra lengua oficial».
Los modelos A financiados con fondos púbicos en San Sebastián «realmente tampoco son A, son una suerte de trilingüismo», señalan los padres, que afirman que están dispuestos «a aceptar alguna otra asignatura en euskera aparte de lengua vasca, pero «bajo ningún concepto» aceptan «un modelo D y mucho menos de inmersión».
Fuentes del Departamento vasco de Educación han confirmado a EFE que se ha asignado plaza para los dos hermanos de 6 y 7 años en «un colegio concertado modelo A» y el mayor sigue adscrito al centro en euskera mientras «buscan una plaza en otro centro».
El PP vasco ha exigido en redes sociales que el ejecutivo de Iñigo Urkullu «debe dar explicaciones urgentes y revertir la situación» y señala que «familias vascas se han rebelado ante la imposición y denuncian la vulneración de su derecho a educar a sus hijos en castellano».
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