Stop Desahucios ha puesto hoy el foco en los prestamistas y en algunas prácticas «que rayan la delincuencia» y que están amargando a Julián y su familia en Astigarraga, donde se encuentra el caserío Gurutzeta en el que han vivido toda la vida.
Rosa García de Stop Desahucios ha narrado que el viacrucis de esta familia que además es vulnerable (Julián tiene 72 años y es enfermo coronario; su sobrina y el marido de la misma tienen una discapacidad declarada y los tres conviven con el hijo menor de la pareja) comenzó hace nueve años, al caer en las redes de un contrato con Gomerdino SL, prestamista con sede en Zaragoza.
«Por regla general los bancos niegan los préstamos e imposibilitan a muchos a hacer frente a una emergencia. Y entonces quienes no tienen más remedio recurren a estos prestamistas usureros. Desgraciadamente hay lagunas legales que les permiten a estos hacer negocio e incluso desahuciar a familias vulnerables con impunidad», ha añadido García.
Julián necesitaba 60.000 euros, pero en palabras de Rosa «le liaron» para que solicitar 147.000. Firmó por toda la cuantía, pero según Stop Desahucios solo recibió 60.000 y las condiciones eran «draconianas». «El interés ordinario era del 15% y el interés de demora del 29%. Redondeando salen 198.000 euros de deuda. Aunque solo han recibido 60.000. No sabía lo que firmaron y no les dieron copia de la escritura».
En mayo de 2022 el prestamista se adjudicó el caserío y hace un mes la familia recurrió a Stop Desahucios para defender su derecho a permanecer en la casa donde nació Julián.
Una abogada de Madrid que defiende los derechos de las familias vulnerables ha pedido que este caso se enmarque dentro del decreto ley que impide los desalojos hasta el 31 de diciembre de este año. «Es una tregua», ha ilustrado Rosa García, que ha animado a Julián, presente durante la rueda de prensa, a tomar el micrófono, momento en que ha quedado claro que el vecino de Astigarraga está desbordado.
Junto al afectado y a Stop Desahucios estaban hoy en la concentración el alcalde de Astigarraga, concejales y junteros de Elkarrekin Donosti y EH Bildu, representantes de los sindicatos LAB, ESK y Steilas, de la plataforma Satorralaia, de Caritas de Larratxo y de asociaciones de pensionistas.
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