(EFE). El administrador acusado de quedarse con parte de la herencia de un millón y medio de euros que una mujer fallecida había legado a sus dos hijos ha sido condenado este martes por la Audiencia de Gipuzkoa a un año y nueve meses de cárcel, tras reconocer los hechos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular.
En un primer momento, el Ministerio Público solicitaba dos años y medio de cárcel para este hombre al que responsabilizaba de un delito de apropiación indebida, petición que la acusación particular, que ejercen los dos hermanos, un varón y una mujer, elevaba hasta los seis años de prisión.
No obstante, durante el juicio celebrado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el inculpado ha admitido su culpa, tras lo que las acusaciones le han aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y han reclamado un año y nueve meses de prisión como un autor de un delito continuado de administración desleal que la Fiscalía había introducido subsidiariamente en su escrito de acusación provisional.
Además de esta pena, el procesado deberá abonar una multa de 540 euros y tendrá que compensar a los afectados con 52.000 euros que abonará en distintos plazos.
Suspensión de la pena de cárcel
El tribunal ha accedido además a suspenderle la condena de prisión a condición de que no vuelva a delinquir en los tres próximos años y de que abone puntualmente las cantidades adeudadas.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan al 20 de agosto de 2010, fecha en la que, siguiendo lo recogido en el documento de «últimas voluntades» de la fallecida, el acusado que era amigo de la difunta, se hizo cargo de administrar económicamente la herencia de los dos hermanos, quienes por entonces tenían 19 años.
Inicialmente, el imputado debía ejercer la administración de forma conjunta con una sociedad dedicada al asesoramiento legal y tributaria, si bien esta empresa se encargó «en la práctica» de los trámites legales, mientras que el procesado «asumió la gestión económica del patrimonio».
Para que pudiera encargarse de esta labor, el 27 de octubre de 2011 los hermanos beneficiarios le otorgaron un poder que «le facultaba para operar con entidades bancarias» y más adelante, el 16 de abril de 2014, le concedieron un segundo poder «más amplio» para «la gestión del dinero depositado» en sus cuentas personales.
«Numerosas» cantidades de dinero
De esta manera, desde que asumió el cargo hasta que dimitió, el 10 de febrero de 2017, el acusado dispuso de «numerosas» cantidades de dinero «con clara infracción de sus deberes y abuso de las facultades conferidas», «actuando en perjuicio del patrimonio que gestionaba».
El documento de la Fiscalía destaca que el dinero fue detraído de forma «continuada» de las cuentas bancarias de las víctimas sin la «autorización» de éstas y en «beneficio propio» del encausado, que no lo destinó «a los fines propios de la gestión» que le había sido «encomendada».
El texto desglosa la cantidades sustraídas anualmente, entre 2010 y 2017, con un mínimo este último año de casi 6.000 euros y una cantidad máxima de 71.460 euros en 2011, hasta alcanzar una desviación total de fondos de 284.307 euros
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