Con trece detenidos por ahora y elevadas multas han culminado los agentes de la Policía Nacional de San Sebastián una investigación que se enmarca en la detección de empadronamientos ficticios de ciudadanos extranjeros en viviendas de Gipuzkoa. Los certificados, que eran logrados en ocasiones por personas con residencia en el exterior, eran utilizados después con fines fraudulentos.
La investigación se inició cuando los agentes descubrieron que en los registros del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Irun, correspondientes a dos viviendas de las calles Pío Baroja y Pintor Berrueta de esa localidad, había registrado un elevado número de personas, así como un continuo trámite de altas y bajas, lo que les hizo sospechar de la existencia de algún tipo de irregularidad.
Los investigadores comprobaron que en el periodo de tiempo comprendido entre junio de 2020 y agosto de 2021 fueron empadronadas como residentes en estas residencias 75 personas, en su mayoría extranjeras, y descubrieron que algunas de ellas se encontraban en situación irregular en territorio nacional.
Igualmente averiguaron que las altas en el Padrón Municipal de todas estas personas habían sido autorizadas, presuntamente, por un ciudadano nacional de Pakistán en calidad de arrendatario de la vivienda.
La realidad es que 61 de estas personas nunca habían residido en las citadas viviendas y, de éstas, 45 pagaron por la tramitación y mantenimiento de estos empadronamientos ficticios al arrendatario de la vivienda cantidades que oscilan entre los 50 y 100 euros mensuales. De este modo el beneficio económico obtenido por el sospechoso, en el período aproximado de un año, se cifró en unos 11.500 euros.
En el caso de la vivienda de la calle Pintor Berrueta, los agentes pudieron averiguar que el detenido, presuntamente, falsificó en repetidas ocasiones la firma del propietario de la vivienda para tramitar el empadronamiento de los inscritos, supliendo así su necesaria autorización, hechos por los que también se abrieron las diligencias penales correspondientes.
Además de la responsabilidad penal por estas falsificaciones, al investigado también le fueron tramitados ante la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa dos expedientes por infracciones a la Ley de Extranjería, por los que fue sancionado con multas de 3.507 euros y 340.034 euros por una infracción grave y muy grave, respectivamente, de esta ley.
Se supo también que de las 75 personas inscritas de manera fraudulenta como residentes en alguno de los dos domicilios investigados, 22 habían utilizado los certificados emitidos por el Ayuntamiento de Irun para cubrir requisitos esenciales de diferentes trámites administrativos, tanto para organismos estatales como autonómicos.
De estas 22 personas, una de ellas se había valido del certificado ficticio para tramitar el cobro de una prestación económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, beneficiándose de una ayuda social de 14.000 euros, 3 para la solicitud de prestaciones sanitarias del Departamento Vasco de Salud, y 18 para acreditar fraudulentamente su residencia en territorio nacional con fines de la realización de trámites orientados a la obtención de permisos de residencia en España, incluidos casos de extranjeros que en realidad fueron localizados como residentes en otras Comunidades Autónomas e incluso fuera del territorio nacional.
Por todo ello los investigadores procedieron a la detención de 13 de las personas empadronadas fraudulentamente, imputándoles presuntos delitos de falsedad documental y estafa. Igualmente otras 25 personas empadronadas irregularmente en los domicilios examinados se enfrentan a sanciones económicas de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa que oscilan entre los 501 y los 10.000 euros.
La operación continúa abierta de cara a la localización de otros investigados, algunos de los cuales se ha podido comprobar que son residentes en países como Francia, Reino Unido o Argelia, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
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