«Total desacuerdo» del ente foral con la sentencia del TSJPV sobre el euskara

La directora foral de Igualdad Lingüística, Garbiñe Mendizabal, ha mostrado hoy su “total desacuerdo” ante la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que deja sin validez cinco artículos el Plan de Normalización del Euskara de la Diputación para el periodo 2013-2017. Partiendo del “respeto riguroso” ante las sentencias judiciales, Mendizabal ha criticado que los argumentos utilizados para rechazar cinco puntos del plan hayan sido tan “restrictivos”. Sin embargo ha recordado que “no se han puesto en duda los criterios básicos de la política lingüística desarrollada por la Diputación”.
La Diputación interpuso el pasado junio un recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 29 de mayo de 2017 sobre el plan de normalización del euskara de la institución foral. Se trata, en concreto, del Plan de normalización del uso del euskera en el ámbito de actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de sus organismos autónomos para el período 2013-2017. La sentencia anula cinco de sus artículos referidos a criterios relacionados con la comunicación institucional (art. 5), la contratación administrativa (art. 8), obligaciones de las entidades beneficiarias de subvenciones (art. 9.3, publicaciones (art. 11) y redes Internet e intranet (art. 13).
La directora de Igualdad Lingüística, Garbiñe Mendizabal, se ha reafirmado en la respuesta de la Diputación ante dicha sentencia y ha afirmado que los argumentos esgrimidos por el tribunal “de ninguna manera contradicen los criterios básicos de la política lingüística” desarrollada por la institución foral. “En la mayoría de los casos el tribunal aduce razones técnicas o realiza una lectura restrictiva. Además, hay que recordar que la vigencia del Plan del Euskara al que se refiere se terminaba en 2017, de manera que el efecto de esta sentencia resulta muy limitada. En estos momentos nos encontramos trabajando y desarrollando la próxima planificación y su articulación normativa, que trabajaremos rigurosamente para evitar situaciones similares”, ha añadido Mendizabal.
La Diputación Foral de Gipuzkoa no comparte la visión de la sentencia, ya que en todos los artículos anulados el tribunal ha creído ver en riesgo los derechos de aquellas personas que quieran relacionarse con la administración en castellano. Sin embargo, desde la aprobación de la norma por el Consejo de Gobierno Foral en 2014, la práctica de la Diputación ha demostrado que no se ha producido reclamación alguna por parte de personas que desearan relacionarse con ella en castellano. “De haberlas, las reclamaciones o quejas se han producido -muy a pesar del esfuerzo por aplicar la planificación foral de manera rigurosa- por parte de personas que desean relacionarse con la institución foral en euskara”, ha añadido Mendizabal.
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