El decreto de medidas referidas al alquiler aprobadas ayer por el Consejo de Ministros (y que será discutido en el Congreso de los Diputados) ha recibido numerosas valoraciones en las últimas horas. Entre ellas la de Stop Desahucios, plataforma crítica en parte pero que destaca en positivo la suspensión de los desahucios durante seis meses desde que finalice el Estado de Alarma para hogares vulnerables afectados por el coronavirus y también que se prorroguen durante seis meses los contratos que venzan hasta dos meses después de acabar el Estado de Alarma.
«Nos parece inaceptable que fondos buitre y grandes caseros como Azora en Donostia no sean los que asuman, con cargo a sus beneficios, el costo de los alquileres en la actual situación de crisis», expresa Stop Desahucios sobre las aprobaciones de ayer añadiendo que «dejar que sea la patronal inmobiliaria la decida, tras la solicitud de aplazamiento del afectado, o bien condonar el 50% o reestructurar la deuda, sitúa a los inquilinos en una inferioridad total frente a sus caseros».
«Es indecente sobreendeudar a colectivos que dedican a pagar la renta, gastos de comunidad, tasas, y suministros básicos, más del 40% de sus ingresos, lo que afecta a derechos fundamentales», critica Stop Desahucios.
La plataforma tilda de escandaloso, además, que se plantee que cuando los inquilinos vulnerables no puedan pagar a estos grandes tenedores sea el Estado el que cubra el gasto.
Stop Desahucios advierte en este contexto de que seguirá exigiendo la condonación de hipotecas por los bancos y de alquileres por fondos y tenedores que especulan y hacen de la vivienda su negocio, y reclamar al Gobierno vasco que se adopten medidas para frenar la especulación de los alquileres y que, en aquellas zonas en las que el coste medio de los alquileres, más gastos de comunidad, tasas, y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de las familias, se fije obligatoriamente este tope para personas y hogares vulnerables.
La aprobación
El Consejo de Ministros aprobó ayer su Real Decreto-Ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 y que recoge una serie de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad que pueden estar experimentando los arrendatarios de vivienda como consecuencia de la expansión del virus.
Entre las medidas más relevantes destaca la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos que afecten a arrendamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.
En los procedimientos de desahucio que afecten a la vivienda habitual se suspenderán los lanzamientos sin alternativa habitacional durante un periodo de hasta seis meses. En caso de que el arrendador afectado se encuentre también sujeto a vulnerabilidad, será el Juez el que determine el periodo de suspensión o las medidas a establecer, considerando el informe emitido por los servicios sociales competentes.
Además el Gobierno plantea una prórroga de seis meses en los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo a solicitud del inquilino. En aquellos contratos de arrendamiento de vivienda en los que su vigencia (o prórrogas) finalice dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma, se establece un periodo de prórroga de hasta seis meses.
Esta prórroga será obligatoria para el arrendador en caso de solicitarlo el arrendatario, en las mismas condiciones establecidas en el contrato en curso, salvo que se haya llegado a un acuerdo al respecto entre arrendador y arrendatario.
La aprobación incluye una nueva línea de avales con garantía del Estado que permitirá cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler para todo aquel arrendatario que se encuentre en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del COVID-19. Se crea un Programa de ayudas transitorias de financiación para todos aquellos hogares que puedan estar afectados en sus ingresos por la expansión del COVID-19, para que, a través de un acuerdo con el ICO se ofrezca a estos hogares la posibilidad de cubrir los pagos del alquiler durante un periodo de hasta seis meses, sin ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante, y pudiendo devolverlo en un plazo de hasta seis años.
Además en situaciones de vulnerabilidad, cuando el arrendador sea una entidad pública o un gran tenedor, se producirá una reducción del 50% de la renta o moratoria de hasta cuatro meses en el pago del alquiler.
En caso de que el arrendatario se encuentre afectado por situaciones de vulnerabilidad derivadas de la expansión del COVID-19, y el arrendador sea una entidad pública o un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros, o más de 1.500 m2 de superficie construida), y en ausencia de acuerdo entre inquilino y propietario, se establece que durante el plazo que persista dicha vulnerabilidad, el propietario podrá conceder durante ese período, y con un máximo de cuatro meses, una reducción del 50% de la renta del alquiler, o bien, una moratoria en el pago de la renta durante ese período a devolver durante un plazo de hasta tres años.
Esta moratoria quedaría suspendida en el caso de que el inquilino accediera a la ayuda financiera explicada en el punto anterior.
En este contexto el quinto apunto lleva a la dotación adicional de 100 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Se implementa un nuevo programa de ayudas que permitirá la concesión de ayudas directas al alquiler a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan serios problemas para atender al pago parcial o total del alquiler. Se flexibiliza y agiliza la gestión del Plan, con objeto de dar cobertura directa al inquilino vulnerable para el pago del alquiler o para el pago de la financiación a través del ICO suscrita por el inquilino con la que habrá satisfecho el alquiler.
Por último se agiliza el trámite de comprobación documental y de requisitos que hay que cumplir para acceder a los programas de ayuda al alquiler del Plan Estatal de Vivienda. Atendiendo a la excepcionalidad de la situación, los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de cualquier ayuda al alquiler financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidos los del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, podrán ser verificados por las Comunidades Autónomas con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda, quedando ésta condicionada al cumplimiento de los mismos.
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