«Esto demuestra lo que hay en el fondo. Un intento de desgaste al gobierno municipal. Es por fastidiar». Así ha valorado hoy el alcalde Eneko Goia el recurso que Rosa García, portavoz de Stop Desahucios en Gipuzkoa, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra los desarrollos urbanísticos de Igara y de Illarra, cuyas construcciones está previsto que comiencen antes de fin de año. Por su parte García ha confirmado a DonostiTik que el motivo de los recursos tiene que ver con el porcentaje de vivienda protegida, que considera mínimo, y con la necesidad de que las nuevas construcciones se destinen al alquiler.
Goia, que es quien ha dado la noticia acompañado de la concejala de Urbanismo Nekane Arzallus, ha recordado que en Igara hay previstas 252 viviendas de las cuales el 40% estaría protegido, mientras en Illarra serán 262 viviendas y la mitad estará protegida.
En opinión del alcalde esta medida de Stop Desahucios es «muy grave» y «difícil de comprender». Y ya se les ha encargado a los servicios jurídicos municipales la defensa de ambos proyectos.
«En una situación de emergencia habitacional se intenta torpedear dos operaciones de este calado. No se puede decir una cosa y luego estar paralizando otras», ha insistido Goia, visiblemente molesto. «Ya basta. Nos encontramos con palos en las ruedas. Es una actitud destructiva».
Por su parte Rosa García también esgrime la emergencia habitacional de la ciudad al exigir que se eleve el porcentaje de vivienda protegida y las nuevas construcciones se destinen al alquiler.
El Gobierno municipal contempla la posibilidad de que el juez dicte un auto y pida la suspensión cautelar, lo que retrasaría ambas promociones. «Cuando uno entra en el juzgado es como echar una moneda al aire», ha dicho Goia.
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