Stop Desahucios ha puesto el foco en el nuevo caso de una familia (en este caso con cuatro hijos menores) que se enfrenta desde el pasado 31 de mayo a la amenaza de tener que abandonar la vivienda alquilada que tienen en Donostia. La familia percibe la RGI y se encuentra al día de los pagos del alquiler, si bien debe dejar la casa por requerimiento del propietario.
En el caso de Enara y su familia resulta «sangrante,» según califica Stop Desahucios, porque tienen reconocido desde enero del 2016 el derecho a una vivienda de alquiler social, «derecho que se ha sustituido por una prestación totalmente insuficiente y discriminatoria de 250 euros».
El pasado 19 de marzo Enara se dirigió por escrito al Ararteko y a Etxegintza para informar de su inminente desalojo y de la necesidad de una vivienda para su familia. También se comunicó el 4 de mayo con Etxebide y, según ha informado Stop Desahucios en un comunicado, le instaron a dirigirse a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Donostia, «que lamentablemente gestiona tan sólo 20 viviendas de emergencia social para atender emergencias de todo tipo, incluyendo desahucios y desalojos, viviendas que son compartidas por varios afectados durante un periodo tasado y que, por lo tanto, pueden estar ocupadas».
Stop Desahucios pone el acento en «la escala en los precios de alquiler que se han incrementado en el último año entre un 10 y un 20% y a la falta insultante de viviendas de alquiler social (12.745 viviendas ), para las que existe una lista de espera en aumento de 52.810 solicitantes». La media del alquiler en Donostia es de 1.306 euros.
La plataforma ha convocado el jueves a las 11 horas una concentración en las puertas del Etxebide, en la calle Andia.
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