Stop Desahucios y numerosos movimientos sociales y sindicales a nivel estatal han presentado en rueda de prensa un manifiesto conjunto en que se recoge una serie propuestas para ser incluidas en la próxima Ley de vivienda estatal cuyo proyecto, según fuentes gubernamentales, va a presentarse muy pronto. «Todas las leyes aprobadas los últimos años, incluida la Ley de vivienda vasca, o no se aplican o han sido mutiladas por recursos de inconstitucionalidad con el argumento de que invaden competencias estatales o aspectos esenciales del derecho de propiedad», expresa Stop Desahucios en un comunicado.
La plataforma y tantas otras que la secundan en esta materia consideran que ahora es el momento de que la ley estatal corrija aspectos para tener instrumentos comunes a todas las comunidades en defensa del derecho a la vivienda.
«Últimamente vemos la presión descarada de los lobbys inmobiliarios, fondos buitre y grandes tenedores sobre los partidos políticos y el propio Gobierno estatal. También vemos noticias que hablan de desacuerdos entre los partidos del Gobierno en aspectos fundamentales de esta ley como las penalizaciones a la vivienda deshabitada, el control de alquileres o la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional», denuncia Stop Desahucios.
En opinión de Stop Desahucios la situación sanitaria y económica se agrava con esta pandemia y hace necesario un cambio valiente y firme de rumbo de la política de vivienda. «La Ley de Vivienda Estatal debe reflejar esa necesidad y luego plasmarse en cada CCAA».
Medidas propuestas:
1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas
hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Deja un comentario