(EFE). Stop Desahucios de Euskadi ha puesto en marcha una campaña para combatir los alquileres temporales fraudulentos, que incluye la difusión de «una guía» para que los afectados puedan identificar si sus contratos no se ajustan a la normativa y un modelo de petición a los arrendadores para que los conviertan en estables.
La campaña ha sido presentada este sábado por la portavoz de la plataforma, Rosa García, y otro representante, Marce García, junto a una decena de activistas, en una rueda de prensa ofrecida en la zona de Anoeta de San Sebastián, en la que han estimado que ese fraude es «muy común» en el alquiler de viviendas y afecta a «miles de contratos».
Según han asegurado, esta iniciativa se extenderá en los próximos días al resto de España de la mano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ya «ha analizado» la propuesta impulsada por el colectivo vasco y «ha confirmado su adhesión».
Marce García ha afirmado que la guía para posibles inquilinos afectados y el modelo de burofax, que ya pueden ser descargados desde las redes sociales de Stop Desahucios, «permitirán convertir contratos temporales fraudulentos en contratos regulados» por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de al menos 5 años de duración y con actualizaciones de renta limitadas.
«La clave» está en que los alquileres temporales «deben tener una causa justificada» y «siempre que los inquilinos tengan otra vivienda habitual», pues están previstos casos de estudiantes, traslados por cuestiones laborales o obras en casa.
«Dicha causa temporal es el elemento que define» ese tipo de contrato, ha subrayado Marce García, quien ha agregado que, en la práctica, se usa «sin causa temporal justificada» o «directamente» bajo «una causa falsa».
Ha recalcado que los alquileres de temporada han de tener «una duración inferior a un año», de manera que no podrían suscribirse con familias que residen como vivienda habitual, están empadronadas y no tiene otra, como «ocurre muchas veces».
Tampoco es legal que se enlacen contratos temporales sucesivos, «como ofrecen» ciertas inmobiliarias que, como ha denunciado, proponen «once meses renovables por otros once».
Ha añadido que, en el caso del alquiler por habitaciones, que está contemplado en la LAU como subarriendo, el temporal «debería estar sujeto a las mismas condiciones que rigen para los pisos enteros», por lo que no podrían ser habitadas por inquilinos o familias como vivienda habitual.
La portavoz Rosa García ha dicho que Stop Desahucios tiene casos «sangrantes» de inquilinos con contratos temporales fraudulentos, como el de Fernando, un jubilado de 71 años presente en la comparecencia que ha afirmado que lleva «12 años viviendo y empadronado en un piso de la Parte Vieja» donostiarra que inicialmente arrendó por dos.
Marce García ha asegurado que los alquileres temporales y de habitaciones tendrían que haberse regulado en la Ley de Vivienda estatal aprobada en 2023, que «los menciona pero no los regula», por lo que «el Gobierno tiene en principio previsto hacerlo con un Real Decreto a principios del año que viene».
Ha afirmado que, ante las limitaciones de rentas en las zonas declaradas como tensionadas, o en proceso de serlo, «muchos propietarios» se amparan en «el vacío legal» y optan por «trasladar» su oferta «del alquiler estable a temporal o turístico», lo que reduce las opciones de los demandantes y «lleva a personas desesperadas a firmar lo que sea», ha apostillado la portavoz.
Stop Desahucios sostiene que existe ya jurisprudencia al respecto y que diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que «los contratos temporales que traten de camuflar alquileres estables, deben regularse por la LAU«.
«La gran proliferación» de estas fórmulas fraudulentas y el reciente rechazo en el Congreso de una iniciativa legislativa al respecto, motivó las manifestaciones de la semana pasada y también la guía y la carta tipo que pone ahora a disposición de la ciudadanía la plataforma vasca, para dotar a los inquilinos de «un instrumento eficaz para darles estabilidad y protección frente a subidas libres de rentas», han concluido.
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