Los ayuntamientos de Irun y Lasarte han comunicado a Stop Desahucios que enviarán próximamente los documentos para la declaración de zona tensionada en vivienda al Gobierno vasco. El de Donostia, sin embargo, «todavía no ha contestado al escrito del día 2 requiriéndole la fecha del envío por la vía de urgencia», denuncia la citada plataforma, que pide al Ayuntamiento donostiarra que encare este asunto para poner limitación a los precios de los alquileres y tomar otras medidas.
El precio de la vivienda nueva en Donostia alcanza los 5.533 euros por metro cuadrado y 3.601 euros en Gipuzkoa. «El acceso a la vivienda es un auténtico drama social al que Ayuntamiento, Gobierno vasco y Diputación deben dar soluciones ya», insta Stop Desahucios.
«Hay cinco familias del barrio de Gros inquilinas del fondo buitre Azora a las cuales se les ha comunicado la finalización de sus contratos y el desalojo de las viviendas para el 31 de octubre. Este es el motivo por el que presentamos una moción en el pleno de junio para que la tramitación de la zona tensionada fuera de urgencia», incide Stop Desahucios, ya que tras la declaración estas cinco familias podrían acoger a la prórroga universal de tres años, además de poder limitar los precios de los alquileres especulativos para las 3.000 viviendas de Donostia cuyos arrendadores son grandes tenedores (a las que habrá que añadir en julio de 2028, cuando finalice su protección, las 520 viviendas de VPO de Benta Berri en manos del fondo buitre Blackstone).
Estas medidas son esenciales, dice Stop Desahucios, junto con la movilización de las viviendas vacías, la limitación de los pisos turísticos y la construcción de viviendas de VPO.
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