«La cruda realidad va a ser la de muchas familias con menores a su cargo durmiendo en la calle en pleno invierno«, advierte Stop Desahucios, que recuerda que el 31 de diciembre termina la suspensión de los desalojos contemplada en el RDL 11/2020 prorrogado en el actual RDL 5/2023.
«Los Gobiernos central y vasco tienen una enorme responsabilidad en el caso de que no se prorrogue de nuevo este paraguas protector, ya que así permitirían que los jueces fijen nuevas fechas de desahucios para miles de familias vulnerables, muchas con menores a su cargo», advierte Stop Desahucios.
Stop Desahucios se refiere a casos concretos, como el de los donostiarras Luis y Sonia y la hernaniarra Xiomara, «ejemplos recientes de centenares de familias vulnerables vascas que no pueden pagar los prohibitivos alquileres existentes en la CAV, por cuya causa el arrendador insta una demanda de desahucio» y que, gracias a los citados decretos, han podido mantenerse en sus casas.
«La mayoría de estas familias están inscritas en Etxebide como demandantes de una vivienda de alquiler social y muchas tienen reconocido el derecho subjetivo por el Gobierno Vaco para acceder a una vivienda asequible pero, debido al insuficiente parque público de alquiler social, a la existencia de miles de viviendas vacías que los ayuntamientos no están movilizando para el alquiler aplicando el canon previsto en la Ley de Vivienda Vasca, al negocio lucrativo de los pisos turísticos y del alquiler de temporada sin regulación no tienen más remedio que recurrir al mercado especulativo del alquiler», denuncia la plataforma.
Deja un comentario