La exoneración en abril y mayo de los pagos de alquiler de los inquilinos de VPO en situación de dificultad no convence a Stop Desahucios tal y como ha hecho público en un comunicado. La plataforma pide que esta medida anunciada ayer sea bien concretada y recuerda, además, que debe incluirse explícitamente el parque público gestionado por entidades privadas como el caso de Benta Berri en Donostia. Situación que se da también en otros puntos del Territorio.
Stop Desahucios afirma que la exoneración de los alquileres debe incluir la renta, los gatos de comunidad fijos y los impuestos básicos «tal y como aprobó el Parlamento Vasco en 2014».
Stop Desahucios insiste en que el Gobierno Vasco no puede estar al margen de la situación de miles de inquilinos vascos cuyo casero son los bancos o los fondos buitre o personas jurídicas con mas de cinco viviendas. Se ha referido concretamente al fondo buitre Azora en Donostia, con 320 viviendas, que «ha planteado retrasar el pago y dar facilidades pero sin exonerar ni renunciar a sus ingresos, lo que significa que no están dispuestos de tener en cuenta la actual situación de vulnerabilidad causada por las medidas contra el coronavirus».
«Estas organizaciones, que hacen negocio y especulan con la vivienda, tienen que sentir el rechazo de la sociedad y de sus representantes hasta que cambien de actitud y tengan en cuenta a las personas», afirma la plataforma.
Stop Desahucios remitirá un escrito al Gobierno Vasco con el fin de aclarar el alcance de sus decisiones en relación con el parque público de alquiler protegido e insistir en que la vivienda es un bien de primera necesidad al que hoy mas que nunca hay que dar respuesta.
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