Javier Bollero y Fernando Jiménez, presentados hoy por Stop Desahucios, plataforma a la que recurrieron recientemente al ser advertidos de que tienen que abandonar las habitaciones en que viven de alquiler en San Sebastián, ilustran el «vacío legal» que la plataforma viene denunciando respecto a este tipo de arrendamiento. «Sus casos son sangrantes», ha denunciado Rosa García, representante de Stop Desahucios, quien considera que el Ayuntamiento es corresponsable de la proliferación de «este tipo de fraude».
El caso de Javier Bollero parte de un acuerdo verbal finalizado el 1 de abril, y el de Fernando Jiménez, de un contrato de dos años que terminó el 9 de octubre. Ambos están empadronados en los domicilios de sus habitaciones, están en situación de vulnerabilidad acreditada y son atendidos por los servicios sociales de Gros y de la Parte Vieja, respectivamente.
Rosa García ha insistido en que «su situación es sangrante ya que se encuentran en un limbo legal que muchos propietarios están utilizando como vía de escape de la aplicación de los topes de alquileres de la Ley de Vivienda Estatal. «Y además, aunque su situación de vulnerabilidad esté acreditada, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Donostia se agarra al criterio jurisprudencial mayoritario que dice que estos contratos de habitaciones no se regulan por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino por el Código civil, y se han quedado fuera del llamado escudo social«. Que es lo mismo que decir que no habrá prórrogas para ellos.
García anima a denunciar los contratos fraudulentos de alquiler temporal. Y ha ido más allá, también, al «denunciar también la responsabilidad que tienen el alcalde y el equipo de gobierno de Donostia en la proliferación de estos contratos temporales así como de las viviendas de uso turístico ilegales en la ciudad, que triplican las existentes en Bilbao y Gasteiz, poniendo más interés en culpar a la Ley de Vivienda Estatal de dicha proliferación que en luchar contra la misma».
En este punto Rosa García ha añadido que «basta con echar un vistazo en Idealista para comprobar la impunidad de las inmobiliarias y particulares con los contratos de temporada, enmascarando alquileres turísticos sin número de registro o alquileres temporales fraudulentos sin causas para esa temporalidad».