Medio centenar de miembros y simpatizantes de la plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios ha escenificado su indignación esta mañana frente al Palacio de Justicia de San Sebastián. El grupo ha celebrado una concentración para denunciar “el sometimiento descarado del Tribunal Supremo a los intereses de la banca” y exigir “cambios radicales en un sistema judicial claramente dependiente de los poderes fácticos”. En el acto también ha participado el colectivo de trabajadoras de limpieza del Palacio de Justicia y Comisarías de Garbialdi, que lleva 51 días en huelga.
La chispa que ha iniciado el nuevo incendio virtual ha sido la reciente sentencia a plazos del Tribunal Supremo (TS) acerca de quién debía asumir el impuesto de las hipotecas. Cuando se publicó que el alto tribunal señalaba a los bancos y no a los clientes, los primeros se desplomaron en bolsa, y la curiosa reacción fue la insólita paralización de la sentencia por parte del propio TS. Tres semanas después, y tras ajustada votación de 28 magistrados (13 a 15), en las últimas horas se ha nombrado de nuevo al cliente como pagador, igual que sucedía en la jurisprudencia previa del TS.
Para Stop Desahucios, esta singular marcha atrás no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo enmarcado en la trayectoria general de “chapuza, de sumisión del Tribunal Supremo a los intereses de la Banca”, en palabras de la portavoz Rosa García. De hecho, la plataforma señala a “la cúpula” de la Justicia, y no a todo el estamento, y admite que desde tribunales guipuzcoanos se han dictado “sentencias muy valientes” contra los abusos bancarios.
“Todas estas medidas de protección a los intereses bancarios nos han hecho que reaccionemos una vez más contra este abuso”, y que pidan la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del TS, y de Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho TS, cuyo voto ha sido clave para que el impuesto de las hipotecas recaiga de nuevo en los ciudadanos. De hecho, “Picazo tendría que dimitir el primero”, porque está “defendiendo los intereses de la banca desde el despacho que tiene de su familiar”.
Decreto “insuficiente”
Sobre el decreto-ley con el que el Gobierno central pretende responder a la sentencia, en principio previsto para hoy, “nos parece positivo, pero insuficiente”. Recuerda García al Ejecutivo que “deja atrás a miles de familias que tuvieron que pagar un impuesto que tenía que haber sido de la banca”, y por los que este y anteriores Gobiernos nunca hicieron nada. Y añade que el sector bancario “es el que se beneficia de las hipotecas, el que tiene la titularidad de las viviendas” y quien finalmente “embarga o desahucia si tú no puedes pagar, porque eres una víctima de la crisis económica, la burbuja inmobiliaria y la estafa financiera”.
Por cuestiones como cláusulas abusivas, clama García, “en los últimos siete u ocho años más de 600.000 familias han perdido sus viviendas”. Mientras, “a la banca la hemos rescatado con dinero público”, y recalca que dicho grupo de poder está “totalmente protegido por una Ley Hipotecaria que permite que los ciudadanos paguen 200 y 300 euros más de cuota por las cláusulas suelo” y similares. Estas sido “declaradas abusivas gracias al Tribunal de Justicia Europeo, que es el que ha sacado los colores al Supremo y a los Gobiernos de turno”.
“La cúpula” del Tribunal Supremo, insiste, “no es la primera vez que se desenmascara como agente sumiso a los intereses financieros de este país. Ya lo hizo en 2013, cuando dijo que la retroactividad solamente se podía pedir hasta ese año”, desoyendo a su juicio a la Justicia continental.
Sigue habiendo, pues, motivos para una lucha que “vamos a continuar”, añade la representante de Stop Desahucios. “No vamos a consentir un abuso más de esta Justicia. Sí se puede”.
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