(EFE). «Señor policía, ¿cuánto valgo yo?», es la pregunta usada como lema de la concentración que este domingo se ha celebrado, convocada por la Red de Acogida a migrantes de Irun, ante la comisaría de la Policía Nacional de esta localidad guipuzcoana, para protestar por la orden policial anulada que ofrecía días libres por arrestos.
Cerca de dos centenares de personas se han concentrado a partir del mediodía en la céntrica plaza del Ensanche de la ciudad fronteriza, delante del edificio que alberga la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, parte de cuyo perímetro estaba acordonado y custodiado por agentes de la Ertzaintza.
Durante la protesta, que ha discurrido sin incidentes, los participantes han exhibido una pancarta con el logotipo de Irungo Harrera Sarrera, el colectivo ciudadano convocante, y numerosos carteles con consignas contra el racismo y la criminalización de migrantes.
Varios concejales de los grupos de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos del Ayuntamiento irundarra han tomado parte en la concentración, así como miembros del colectivo Etorkinekin que presta apoyo a los migrantes en el lado francés de la frontera del Bidasoa.
«¡Anímese agente! La próxima puede denunciar pisoteo de los derechos humanos», «Peligro, policía racista cazando» y «No a la discriminación», son algunos de los lemas irónicos, en euskera y castellano, que se exhibían en los carteles, entre los que también había otros con la secuencia «Detienen, persiguen, acosan, cazan, deportan ¿por tener una multa de tráfico?», en alusión a la similitud de estas sanciones con «la falta administrativa» que, según han dicho después en el cierre de la protesta, contempla la legislación por «no tener papeles».
Los concentrados han estado ante la comisaría en torno a un cuarto de hora coreando consignas como «Nadie es ilegal», «Derecho a la libre circulación» o «Euskal Herria, pueblo de acogida», tras lo cual dos portavoces de la Red ciudadana, Aizpea Gómez y Aintzane Lasarte, han leído un comunicado.
Han denunciado «la medida que pretendían implantar para premiar a policías» de Irun por «la caza de migrantes», una noticia «muy perturbadora y grave» que supone «pisar los derechos fundamentales» de estas personas, algo que sin embargo «no es nuevo en la comarca del Bidasoa».
«No podemos acostumbrarnos a estos horrores, no procede ni es legal», y «no podemos aceptarlo», han dicho Gómez y Lasarte, una en castellano y otra en euskera, tras lo cual han exigido al Ministerio del Interior la dimisión de los implicados y que «depure las responsabilidades en profundidad».
La polémica orden policial, cuya existencia denunció el sindicato Jupol Gipuzkoa a través de las redes sociales el pasado 7 junio, iba a entrar en vigor el 1 de julio pero no lo hará porque la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, al tener conocimiento, decidió anularla.
Un inspector jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Irun fue expedientado por firmar dicha orden, en la que ofrecía a los policías nacionales días libres en función del número de detenciones que efectuaran, algo que hizo «en ausencia del comisario», según precisó el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso.
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