Segundo día del juicio contra Víctor Bravo, ex responsable de la Hacienda Gipuzkoana, que se enfrenta desde ayer en en la Sala de lo Penal número 1 de San Sebastián a los cargos de fraude fiscal, tres en concreto, y donde el también ex senador jeltzale ejerce como su propia defensa.
El motivo: la supuesta cooperación que prestó a una empresa catalana Glass Costa Este Salou a valerse de las ventajas fiscales gipuzkoanas sin estar radicada aquí.
Bravo, que defendió ayer la legalidad de la compañía, afirmó también que su participación en la empresa era mínima (un 6,6%) y negó, también, ser responsable de la Orden foral que benefició a la citada firma y que habría supuesto un perjuicio a la Hacienda gipuzkoana de 1,8 millones de euros. Además justifica el empadronamiento del otro acusado en su casa, Fernando Isidoro González, alegando que éste y él eran buenos amigos.
La fiscalía pide para él 6 años de cárcel, que la Agencia Tributaria eleva a 9.
Han pasado diez años desde que estalló el caso, que llegó cerca en el tiempo a otro que también le quedaba muy cerca a Víctor Bravo: el de su hermano José María Bravo, que fue responsable de la oficina de la Hacienda de Gipuzkoa en Irun y que finalmente fue condenado a 11 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por ingresar en cuentas privadas propias los fondos entregados por contribuyentes morosos.
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