Una mujer que trabaja en el sector inmobiliario guipuzcoano relata cómo su hija no se puede mudar con su familia desde Hernani, donde viven, a Donostia, pese a gozar de una situación económica envidiable. Ambos son ingenieros y no les va nada mal en sus trabajos, pero en la capital se han topado con un muro infranqueable. La veterana profesional pone una cifra: 135.000 euros. «Esa es la diferencia entre comprar el mismo piso en Donostia o en un pueblo de alrededor», afirma.
Una madre se detiene ante un escaparate en la calle Secundino Esnaola de Gros. La agencia 967 ofrece locales y apartamentos, muchos de ellos en alquiler. Entre la ensalada de cifras y letras llama la atención el idéntico precio (a razón de 800 euros mensuales) de dos inmuebles, uno ubicado en el barrio de Loiola, en la periferia donostiarra, y otro en Pasai Antxo. El primero tiene solo dos habitaciones, mientras que el segundo es 20 metros cuadrados más grande y cuenta con un tercer dormitorio.
¿Se puede vivir en Donostia, la ciudad que año tras año lidera el ranking de las capitales más caras? ¿Por qué cae una y otra vez en esa espiral diabólica? ¿Hay manera de escapar de ella? “Vivir en Donostia debería ser posible, pero para eso se tienen que dar una serie de cambios con los que los ciudadanos salgan beneficiados. Es una elección que hay que valorar. Igual que lo es marcharse a vivir a las localidades colindantes donde los servicios son de calidad y están bien comunicadas con la capital”, expone Juana Otxoa, presidenta del Colegio de Arquitectos de Gipuzkoa, en una charla que tuvo lugar ayer dentro del Ciclo Donostia 2030 en el museo San Telmo.
Durante la primera parte del coloquio -en el que también participan Rafael Farias, director de la entidad pública municipal Etxegintza, y una representante de la cooperativa de viviendas donostiarra Abaraska, Michela Lamedica- una ciudad acapara la atención y, al mismo tiempo, muestra el camino a seguir: Viena. “Podemos aplicar experiencias de otros países europeos que no son 100% comparables al nuestro, pero de los que se puede aprender”, continúa Otxoa, que pone el foco en la larga experiencia en este asunto de la capital austriaca y la capacidad de control de las instituciones sobre el mercado inmobiliario.
“Llevan más de 100 años construyendo vivienda pública. Es verdad que tienen 225.000 viviendas en alquiler, pero su éxito se basa en el gran apoyo público que recibe el mercado del alquiler y la construcción de vivienda social. 8 de cada 10 pisos están financiados por el sistema de vivienda pública y el 60 por ciento de la población vive en viviendas protegidas”. De esta manera los trabajadores “pueden permitirse vivir en el centro” de la ciudad. Y remata su exposición con un ejemplo que realzaría el modelo vienés y le sacaría los colores al nuestro: según la arquitecta, vivir en un piso de 80 metros cuadrados en el centro de la ciudad viene a costar unos 600 euros al mes, entre otros factores, debido a la fijación de topes en el precio.
“Nos llevan 100 años de ventaja”, subraya Farias. El mercado de alquiler en San Sebastián es raquítico y, según los datos de Etxegintza, supone alrededor del 12% del total. A su juicio, no hay una “mano negra” que haya dejado al descubierto los desequilibrios de este mercado y la presión asfixiante de las rentas se debe a que estamos ante un sector “muy poco profesionalizado” en el que “el 95% de las viviendas” pertenece personas físicas. “Es muy habitual el caso del casero que tiene dos viviendas, la suya y otra más que pone en alquiler”, afirma Farias. “No son ni mucho menos fondos de inversión ni fondos buitres, aunque los hay y sabemos dónde están”, asegura. “Con esto quiero decir que de la situación del mercado de la vivienda somos culpables todos o casi todos, no se concentra en unas pocas manos que lo manejan”, se reafirma el gerente de Etxegintza que en su diagnóstico distingue dos Donostias: la del Centro y sus precios desorbitados frente a los “más normales” de la periferia.
182.000 habitantes y unas 90.000 viviendas, de las cuales al menos 4.000 están vacías. Esos son los números en San Sebastián. Y nadie parece capaz de dar con una fórmula para detener una dinámica imparable en la que el precio del alquiler ha subido “hasta un 21%” en los últimos cinco años, según datos oficiales. “Es la única ciudad del Estado en la que no han bajado los precios durante la pandemia”, denuncian desde la cooperativa Abaraska, que definen la vivienda como “un derecho fundamental no garantizado”. La empresa tasadora Tinsa avala estos y otros datos, con lo que «el precio de la vivienda en la ciudad de San Sebastián experimentó en el cuarto trimestre de 2020 un crecimiento interanual del 1,4%, hasta 3518 euros/m²».
El movimiento cooperativista amplía la mirada a otros países como Uruguay y Dinamarca y, asimismo, se apoya, en experiencias que también han tenido lugar en Catalunya y otras regiones españolas. Apuestan por un modelo “inclusivo” frente a la especulación urbanística y a diferencia de la propiedad privada, en su modelo “la cooperativa sería la dueña del edificio y no el individuo”.
Deja un comentario