(EFE). Vecinos de Zaldibar y familias de los dos fallecidos en el derrumbe del vertedero les han recordado este domingo a dos días de que se cumplan cuatro años de ese suceso y han advertido de que aún no se conocen en su totalidad los daños al medio ambiente que se ocasionaron.
La agrupación Zaldibar Argitu ha organizado un acto junto a la escultura conmemorativa de la catástrofe, donde se ha realizado una ofrenda floral en recuerdo a los fallecidos y se ha leído un comunicado lamentando que aún no se hayan aclarado las responsabilidades.
En concreto, han recordado que tras cerrarse el procedimiento penales, les «queda la esperanza» de que avance la causa por los delitos contra el medio ambiente, aún en fase de instrucción tras cuatro años. «Con eso está casi todo dicho», han lamentado.
En noviembre pasado «declaró por primera vez alguien del Gobierno Vasco y repitieron que el Ejecutivo lo hizo todo bien», han afirmado.
Zaldibar Argitu ha pedido que finalice «la instrucción a la mayor brevedad» para conocer las conclusiones de esa investigación judicial, al tiempo que ha reprochado que ningún representante político vasco haya asumido su responsabilidad por estos hechos.
El 6 de febrero de 2020 a primera hora de la tarde el vertedero gestionado por la empresa Verter Recyling en Zaldibar se derrumbó y más de 800.000 metros cúbicos de basuras y tierras cayeron como un alud por la ladera, sepultando a su paso a dos de los trabajadores de esa instalación.
Horas después comenzaron las labores de búsqueda de ambos operarios, que se prolongaron durante meses y localizaron el cadáver de Alberto Sololuze en agosto de ese año, si bien en mayo de 2021 se dio por desaparecido y se abandonó la búsqueda de Joaquín Beltrán.
Precisamente Beltrán había informado a la empresa días antes del derrumbe de movimientos de tierra inusuales en el vertedero.
Cuando se derrumbaron las basuras y los residuos por la ladera ocuparon parte de la autopista A-8, principal carretera entre Bizkaia y Gipuzkoa, y se acercaron hasta localidades cercanas como Ermua y Eibar.
Durante días se registraron incendios entre las tierras arrastradas, que contenían amianto entre otras sustancias tóxicas, y afectó a la calidad del aire en esa comarca durante semanas.
El Gobierno Vasco exigió a Verter Recycling 28,8 millones de euros que había tenido que destinar a la estabilización del terreno para evitar más desprendimientos y por el coste de las labores de búsqueda de ambos trabajadores.
Por otra parte, la empresa indemnizó a la familia de Joaquín Beltrán con 1,4 millones de euros y con 1,3 millones a la de Alberto Sololuce, y se cerró la causa penal por homicidio imprudente por ese derrumbe.
Los procedimientos judiciales por delitos al medio ambiente aún tratan de esclarecer las posibles irregularidades que dieron lugar al derrumbe de los residuos y si durante años recibió más residuos de los que podían acumular.
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