(Carlos López Izquierdo/EFE). Transformar en «amor» todo el «dolor» que la sociedad vasca y la española sienten aún «respecto al pasado unido a la violencia» y generar así «algo positivo» constituye el empeños de Pili Zabala, en vísperas del 40 aniversario del secuestro y asesinato por el GAL de su hermano, el militante de ETA José Ignacio Zabala y de su compañero, José Antonio Lasa.
Transcurridas cuatro décadas de estos hechos ocurridos en 1983, Pili Zabala explica en una entrevista concedida a EFE que su familia aún sigue dando pasos para subsanar el «error histórico» de que su hermano no sea reconocido como víctima del terrorismo.
Una «injusticia» que, según describe, «a día de hoy se mantiene» después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo inadmitiera a trámite el último expediente presentado y de que la justicia española reclamara recientemente a su familia los «9.252 euros de las costas» del proceso judicial.
Una decisión ética y moralmente «muy vengativa», a ojos de Pili Zabala, para quien este hecho supone añadir «maldad a una situación que ya en sí misma es dramática».
Escasez de democracia
«¡Qué no haya un ápice de corazón es un gesto muy demoledor que claramente indica la escasez de democracia que a día de hoy, en según que sectores, sigue permaneciendo», se lamenta.
No obstante, Zabala, que se define como «una activista radical (con connotación positiva) por los derechos humanos de todas las personas«, no oculta su empeño por «generar algo positivo» de «todo el dolor» que aún existe en nuestra sociedad causado por el pasado reciente de violencia.
Con este ánimo fue con el que la semana pasada acudió a la localidad alicantina de Busot, donde Lasa y Zabala fueron enterrados en cal viva, para rendirles un homenaje junto a otros familiares y amigos.
Tragedia humana
Todos ellos plantaron allí un algarrobo con la intención de «resignificar ese espacio de tragedia humana» y con «la esperanza de sembrar vida más allá del dolor y transformar el dolor en amor».
Un trabajo de «resignificación» que, a su entender, podría tener lugar también en San Sebastián, en un espacio como el Palacio de la Cumbre, donde Lasa y Zabala permanecieron secuestrados y fueron «interrogados de manera clandestina» después de haber sido «detenidos ilegalmente» en el País Vasco francés y antes de ser asesinados en Busot.
Por este motivo, confía en que, en función de la Ley de Memoria Democrática, este inmueble finalmente sea cedido al Ayuntamiento de San Sebastián para que el consistorio donostiarra lo «resignifique como un centro de memoria».
Petición de disculpas
La también exdiriegente de Podemos reclama asimismo al Gobierno español que proclame «una verdad histórica rigurosa» de lo ocurrido allí, así como «una petición de disculpas pública y un reconocimiento de la condición de víctimas» de ambos asesinados.
Recuerda en este sentido su labor en la asociación Berridatzi, que promovió en 2019, «en defensa de los derechos humanos» pero también con el objetivo de «incidir» en que «las administraciones cumplan con los estándares internacionales más ambiciosos de Derechos Humanos».
Derechos Humanos
«Queremos que las leyes que se aprueben respeten el derecho internacional de los Derechos Humanos, porque a día de hoy existen leyes en el Estado español que no respetan esta norma máxima, algunas de las cuales no cumplen con los estándares de derechos humanos y son leyes franquistas, inconstitucionales y, desde mi punto de vista injustas e inhumanas», recalca Zabala, que cita entre ellas la ley de secretos oficiales de 1968 y la de condecoraciones policiales de 1964.
Explica asimismo que su asociación trabaja también junto a otro tipo de colectivos como Covite, Argituz, Aranzadi, la Fundación Fernando Buesa y Egiari Zor, en el aspecto de la «sanación personal, familiar y social» de las personas que han sufrido «a consecuencia de la violencia de motivación política» y que todavía hoy asisten «a comportamientos, acciones y declaraciones que siguen provocándoles daño».
En esta línea, se muestra partidaria de crear espacios de «reparación y atención multidisciplinar» y «articular mecanismos para que se evite totalmente o acciones que prevengan ese tipo de comportamientos».
«Tenemos que trabajar por la paz, por integrar e interiorizar una cultura de Derechos Humanos. Desde diferentes miradas, unirnos para ir realizando un camino en comunidad», ha insistido, al tiempo que ha apostado por la creación de un «lugar seguro» con este fin en colaboración con los gobiernos de Euskadi y Navarra, y en el que «estaría bien» que también participara el Ejecutivo central.
Secuestrados en Bayona
Lasa y Zabala, de 20 y 21 años respectivamente, fueron secuestrados en Bayona (Francia) el 15 de octubre de 1983.
Un cazador localizó dos cadáveres el 20 de enero de 1985 en un paraje conocido como «Foya de Coves», en Busot, en una fosa donde habían sido sepultados bajo 50 kilos de cal viva.
Los cuerpos no fueron identificados y permanecieron en el cementerio de Alicante hasta que finalmente se confirmó en 1995 que pertenecían a Lasa y Zabala.
Por estos hechos la Audiencia Nacional condenó en abril de 2000 a 71 años al exgobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, a 69 años de prisión al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y con la misma pena al teniente coronel Ángel Vaquero.
También fueron sentenciados a 67 años y 8 meses de prisión los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo, como autores materiales del crimen.
Rodríguez Galindo permaneció menos de cinco años en prisión, tras lo que se le concedió cumplir la pena fuera de la cárcel por motivos de salud.
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