La consejera de Seguridad, el director de Patrimonio Cultural, la alcaldesa de Bergara y responsables de investigación criminal de la Ertzaintza han explicado hoy en el Palacio Miramar en el marco de un curso de verano los detalles de la ‘operación Gutunak’ realizada a lo largo de varios años que ha permitido localizar y recuperar un importante número de documentos robados por un individuo entre los años 2007 y 2011 de diferentes archivos vascos y estatales. Indudablemente una de las mayores operaciones contra el expolio del patrimonio histórico documental.
Todo comenzó con la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Bergara en 2011 tras detectar la desaparición de diversos documentos históricos de su archivo, lo que llevó a la detención a finales del año de un experto aficionado a la filatelia acusado de sustraer documentos históricos de distintos archivos vascos.
Tras clasificar los datos y los documentos se desveló que los hechos tenían una trascendencia mucho mayor de la inicialmente prevista y que el patrimonio documental sustraído por el arrestado podría ser mucho más valioso. De hecho los robos de miles de documentos, algunos con gran valor histórico, habrían comenzado en 2007. De ahí que en febrero de 2013 se abriera una nueva fase de la investigación contando con la colaboración directa de los especialistas aportados por el Departamento de Cultura. La investigación corrió a cargo de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza.
El dispositivo de la ‘operación Gutunak’ llevó a los investigadores a moverse por todo el Estado. En el curso de la operación se recobraron cerca de 2.000 documentos, todos ellos datados entre los años 1604 y 1895. Entre los papeles se encuentran, por ejemplo, cartas de los reyes Felipe III y Felipe IV.
El Juzgado de Bergara designó desde el inicio a un experto como perito judicial para el estudio de los documentos recuperados, determinando éste que una parte de ellos tenía su origen en fondos vascos, extremo que confirmaron los investigadores.
Así, de los cerca de 2.000 papelesrecuperados unos 160 habían estado hasta su sustracción bajo la guarda y custodia de archivos de la Comunidad Autónoma Vasca. Entre los documentos vascos el precio pagado por los compradores habría rondado los 400 euros por documento.
El resto de los papeles, según los datos aportados por los peritajes técnicos, procedería de archivos y fondos de otras Comunidades Autónomas, por lo que la investigación de la Ertzaintza contó con la colaboración de expertos de otros cuerpos policiales (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra).
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