Ocho personas fueron detenidas la pasada semana por la Policía Nacional en Gipuzkoa por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, proxenetismo, tráfico de sustancias y estupefacientes y blanqueos de Capitales. La organización estaba compuesta, en su mayoría, por miembros de un clan familiar de origen brasileño y ya habían sido detenidos por hechos similares en 2017. Han sido asistidas 17 mujeres en su mayoría de origen sudamericano.
La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número dos de Tolosa, se inició en febrero, cuando el Servicio Central de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional recibió un correo electrónico de una mujer que alertaba de la situación en la que se encontraba y explicaba que era explotada sexualmente en un domicilio de Tolosa.
Los investigadores descubrieron que tras la denuncia se hallaba una organización criminal dedicada, principalmente, a la explotación de mujeres con fines sexuales, que desarrollaba esta actividad en cinco domicilios pertenecientes a la principal responsable de la organización y que estaban ubicados en las localidades de Tolosa, Beasain y Bergara.
En los pisos referidos, además de obligar a las mujeres a ejercer la prostitución con condiciones abusivas, la organización ponía a disposición de los clientes sustancias estupefacientes (cocaína y speed principalmente). En este sentido se han incautados 10 gramos de cocaína y otros 10 de hachís y marihuana, además de dinero en efectivo y útiles para el pesaje y dosificación de las sustancias ocultos en los domicilios particulares de los principales responsables.
Los agentes averiguaron que la organización estaba compuesta, en su mayoría, por miembros de un clan familiar de origen brasileño y que ya habían sido detenidos por hechos análogos en el año 2017.
Para impedir que las mujeres diesen la voz de alarma y huyeran de los pisos donde se alojaban, los investigados habían dispuesto en cada domicilio la presencia de un encargado que se ocupaba de atender a los clientes que demandaban servicios a través de anuncios de contactos sexuales publicados en páginas de internet, de contabilizar y cobrar dichos servicios y de autorizar las salidas de las chicas del domicilio.
También habían cámaras de videovigilancia en el interior de los pisos.
Para ocultar los beneficios derivados de los presuntos delitos, los detenidos habían creado un entramado empresarial ficticio bajo cuya aparente actividad lícita facturaba los importes de los servicios sexuales y de la venta de sustancias estupefacientes.
Asimismo se ha averiguado que este grupo criminal en menos de dos años ha ingresado la suma de 193.626 euros, lo que supone una mínima parte de sus ingresos y un indicio de los importantes beneficios obtenidos por la organización.
Finalmente se ha logrado identificar y asistir a 17 víctimas, casi todas mujeres extranjeras de origen sudamericano y con escasos recursos económicos, a las que se les ha ofrecido la protección que les otorga el Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual de la Policía Nacional.
Deja un comentario