Objetivo: reducir al menos en un 20% el número de personas ‘sin techo’ en los grandes municipios vascos

El Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, EUDEL y los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Irun, Santurtzi, y Laudio han suscrito hoy un acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar 2018-2021, que quiere reducir de forma significativa –al menos en un 20%− el número de personas que duermen en la calle en los grandes municipios de Euskadi de cara al año 2020. 
Las instituciones firmantes disponen de un plazo de 12 meses para diseñar un plan propio con actuaciones concretas para la materialización de las directrices acordadas en la Estrategia. Esas actuaciones, que pueden ser nuevas o no, podrán realizarse tanto de forma individual como mediante acuerdos de colaboración entre una o más instituciones.
Euskadi no parte de cero y es la Comunidad Autónoma a la cabeza del Estado en lo que se refiere a la cobertura de plazas de alojamiento, destinando, en conjunto, 47,5 millones de euros anuales a la atención a las personas sin hogar.
La estrategia (aprobada en octubre de 2017) propone 50 directrices concretas que se agrupan en torno a los siguientes nueve ejes prioritarios de acción:
Prevención de las situaciones de exclusión residencial grave.
Desarrollo del enfoque basado en la vivienda.
Mejora de los recursos y programas orientados a las personas en situación de exclusión social grave en el ámbito de los Servicios Sociales.
Refuerzo de la perspectiva de género en las políticas de prevención y abordaje de la exclusión residencial.
Garantía del acceso de las personas sin hogar a los derechos de ciudadanía mediante la regularización de su situación administrativa.
Mejoras sectoriales en el ámbito de la salud, la garantía de ingresos y el acceso al empleo.
Acceso de las personas sin hogar al ocio, la educación y la participación social y política.
Mejoras en el ámbito de la sensibilización y de la implicación de la comunidad en la prevención y el abordaje de las situaciones de exclusión residencial.