(EFE). El único de los seis jóvenes acusados por la muerte de Santi Coca (el menor donostiarra fallecido tras una pelea en San Sebastián en 2019) que continuaba encarcelado, un chico de origen argelino, ha sido puesto en libertad a la espera de juicio, al haber cumplido el límite máximo de dos años de prisión provisional.
Santiago Coca murió tras permanecer dos días en coma en el hospital, después de sufrir una agresión la madrugada del 26 de abril de 2019 por parte de un grupo de personas en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra.
Equipos sanitarios desplazados al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tras lo cual fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde posteriormente falleció.
La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con estos hechos, si bien el Juzgado de Guardia sólo ordenó prisión provisional para seis de ellos: tres chicos rumanos, uno de origen argelino, otro marroquí y un español.
No obstante, en 2020 los seis accedieron a la libertad provisional, después de que el informe de la autopsia desvelara que los traumatismos que había sufrido el fallecido fueron «de escasa entidad», sin resultar concluyente sobre las razones de la hemorragia cerebral que acabó con su vida y sin decantarse entre una causa «homicida» o «natural».
El juzgado les impuso entonces distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
Sin embargo, el joven de origen argelino vulneró estas condiciones que le permitían continuar en situación de libertad provisional por lo que en febrero de 2021 el juzgado que instruía la causa ordenó su ingreso en prisión nuevamente.
Ahora, una vez cumplidos en total dos años en la cárcel, la Audiencia de Gipuzkoa ha ordenado su excarcelación, en un auto al que ha tenido acceso EFE, tras verificar que «la suma de períodos» en que este joven ha permanecido en prisión provisional «exceden en su conjunto del tiempo legalmente previsto para ello», sin que se haya «puesto de manifiesto la concurrencia de circunstancias excepcionales que pudieran alterar» esta decisión.
La resolución recalca la necesidad de respetar «escrupulosamente los plazos máximos previstos en la Ley para este tipo de medidas», ya que la prórroga de la prisión provisional del acusado, representado por el letrado Alejandro Palacios, ha sido planteada por la Fiscalía con la adhesión del resto de acusaciones «una vez transcurrido con exceso» los dos años señalados.
No obstante, con el fin de «garantizar» su presencia en la vista oral cuando los hechos sean juzgados, el auto obliga a este joven a comparecer todos los lunes en sede judicial, le retira el pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y le impide aproximarse a los familiares del fallecido, así como residir y acudir al término municipal de San Sebastián.
Cada uno de los seis jóvenes acusados de la muerte de Santi Coca se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como por la acusación particular, que representa a la familia de la víctima.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Sebastián, personado en la causa como acción popular, reclama veinte años de cárcel para uno de los procesados, al que atribuye haber propinado a Coca la «última y brutal patada en la cabeza» cuando la víctima ya había perdido el conocimiento, y quince para los otros cinco.
Está previsto que este caso sea enjuiciado por un tribunal del jurado, aunque por el momento no cuenta con fecha de señalamiento para la vista oral, según han informado a EFE fuentes del caso.
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