Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos Azora aseguran que pondrán piquetes el 9 de junio en el Nº35 de Sancho el Sabio para impedir que Pedro, un vecino vulnerable de 76 años, tenga que abandonar su casa. Así lo han anunciado hoy en el Boulevard «sorprendidos» de que «conforme a la ley» el Juzgado de instrucción Nº7 de San Sebastián no haya suspendido el desahucio previsto para dentro de una semana.
«Mi padre cumple con todos los requisitos para lograr la suspensión», ha explicado muy afectada la hija de Pedro, presente esta mañana en la concentración. «Su situación no es por falta de pago de las rentas, está al día, sino por vencimiento del pago contractual. Hemos hecho todo lo que hemos podido, nos hemos adscrito a la Ley de vivienda del 26 de mayo, nos hemos dirigido a la empresa Riberas del Urumea y al juzgado Nº7, pero el 9 de junio se nos echa encima y necesitamos una respuesta ya».
Rosa García, de Stop Desahucios, ha insistido en que si la empresa propietaria de la finca quiere cumplir con su plan de construir 57 viviendas, puede hacerlo, siempre que le dé una salida a su último inquilino, que tiene todos los pagos en regla y que no dispone de contrato vitalicio «injustamente» porque se trata de la segunda subrogación tras la muerte de sus padres en dicho inmueble.
«Estamos hartos de ver vaciar edificios en Donostia para convertirlos en hoteles o en viviendas de lujo», ha insistido Rosa García, quien ha denunciado que, además de que Pedro se enteró por medio del periódico de los planes que había para Sancho el Sabio 35, «sufrió presiones y le cortaron la calefacción y el agua caliente». García también ha contado que el Ayuntamiento está mediando en favor de este hombre, cuya familia habita en la casa desde los años 60.
Desde el punto de vista legal las reclamaciones del inquilino vienen sustentadas en tres puntos: por un lado en el acta del consejo de administración de Riberas del Urumea, empresa propietaria, que en diciembre de 2016 (siempre según Stop Desahucios) aprobó la solicitud de Pedro de permanecer en la vivienda de la cuarta planta de Sancho el Sabio 35. También se sustentan en la situación de extrema vulnerabilidad acreditada en sendos informes de los servicios sociales de Amara
En tercer lugar los presentes han hecho hincapié en el derecho que Pedro tiene a que su contrato vitalicio, «injustamente finalizado a través de la demanda de desahucio, sea prorrogado un año, hasta el 26 de mayo de 2024, como regula la Ley de Vivienda Estatal para inquilinos vulnerables y grandes tenedores como es el caso».
Deja un comentario