(EFE). El proyecto de presupuestos de Gipuzkoa para 2022, que asciende a 1.042 millones de euros y supone el más alto de la historia del territorio, ha superado este viernes su primer trámite en las Juntas Generales al ser rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu y Elkarrekin.
El diputado foral de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, ha sido el encargado de defender el documento económico que se aprobará definitivamente el 22 de diciembre en las Juntas, donde los partidos que conforman el gobierno foral tienen mayoría (PNV y PSE-EE).
La Diputación ha elaborado un proyecto de presupuestos para 2022 de 1.042 millones de euros, un 6 % más que el de este ejercicio, con el que aspira a construir un «futuro social, verde y competitivo» para el territorio.
La institución foral asegura que el de 2022 será «el presupuesto más social» de la Diputación, que destinará a este apartado 455 millones de euros, a los que se suman otros casi 10 millones para los proyectos estratégicos de carácter social Adinberri y Elkar-EKIN.
El Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural vuelve a ser el segundo más dotado con 122 millones (+5,81 %) para reforzar inversiones de apoyo a la actividad económica e innovación, y consolidar las partidas destinadas a proyectos estratégicos.
Las explicaciones de Perona no han convencido a EH Bildu y Elkarrekin Gipuzkoa-IU, que han tachado el proyecto de presupuestos de «continuista» y han urgido a impulsar una reforma fiscal.
El portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha dicho que la propuesta no responde a los «retos» del territorio y no plantea cambio alguno en esta época en la que, a su juicio, ha quedado clara la necesidad de hacer nuevas políticas, modificar la «fiscalidad» y, en definitiva, «mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía».
Los cambios que propone EH Bildu repondrían, según sus cálculos, un incremento de los ingresos forales disponibles de 85 millones de euros, de los cuales 52,5 vendrían por las reformas fiscales y 32,5 millones de la eliminación de gastos, en su opinión, «prescindibles».
Los junteros de Elkarrekin Gipuzkoa-IU Joanes Fiel y Arantza González han coincidido en la necesidad de apostar por una «verdadera justicia fiscal» para evitar las «desigualdades» en un territorio en el que, según denuncian, hay «36.000 personas en situación de vulnerabilidad».
Fiel ha opinado que «la desigualdad en Gipuzkoa depende ya del carné con el que nazcas», mientras que González ha acusado al gobierno foral de actuar como un «cajero automático» y de limitarse a «transferir dinero» para que sus obligaciones las hagan «otros».
El PP, tercer partido de la oposición, no ha respaldado las enmiendas a la totalidad, aunque su portavoz, Juan Carlos Cano, confía en modificar la propuesta económica a través de sus enmiendas parciales y ha insistido en que su mano está «tendida».
No obstante, Cano ha analizado la gestión del gobierno foral y ha expresado su «enorme decepción» por la aprobación del peaje para camiones, al tiempo que se ha preguntado si esta es la «gobernanza colaborativa con los sectores económicos» que propugna la Diputación.
La representante del PSE-EE, Susana García Chueca, ha defendido el proyecto de presupuestos «histórico» elaborado por el gobierno foral que, en su opinión, aspira a sentar las bases para construir un «mañana más social, sostenible y competitivo».
La portavoz del PNV, María Eugenia Agirrezabalaga, por su parte, ha afeado la actitud de EH Bildu y se ha preguntado «cómo es capaz de facilitar la aprobación de los presupuestos» en Euskadi o en Madrid y mantener, sin embargo, «su actitud de oposición frontal en Gipuzkoa».
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