«Nos deja la sensación de que es muy difícil conseguir condenas por delitos ecológicos y que estos salen muy baratos. Al final, 1.200 euros en total o, por decirlo así, 60 por cada ejemplar de marrajo sardinero capturado, no parece una cantidad muy disuasoria. Aunque consideramos que se trata de una sentencia realmente importante». Así se ha expresado Eguzki tras conocer la sentencia contra el propietario y el patrón del palangrero de Ondarroa Toñino Segundo por pescar marrajos sardineros el pasado año.
Eguzki, asociación que impulsó la denuncia, celebra hasta cierto punto que el juez de Gernika haya condenado al propietario y al patrón del palangrero Toñino Segundo por un delito contra el medio ambiente “en su modalidad de pesca y tráfico por imprudencia grave de especie protegida”. En concreto veinte ejemplares de marrajo sardinero (Lamna nasus), especie que se halla en peligro de extinción. La pena señalada a cada uno de los encausados ha sido de 3 meses y 10 días de multa a razón de 6 euros de cuota diaria e inhabilitación especial para pescar por 3 meses y 10 días.
Cabe recordar que el 23 de abril de 2018 la Inspección Pesquera del Estado decomisó 20 ejemplares de marrajo sardinero cuando el Toñino Segundo pretendía desembarcarlos en el puerto de Ondarroa mezclados entre los de tintorera o tiburón azul (Prionace glauca, especie esta cuya pesca sí está permitida). La Inspección también abrió expediente porque el Toñino declaró haber capturado 4.872 kilos de tintorera, cuando en realidad llevaba a bordo 6.320.
Este decomiso confirmó algo que no solo organizaciones como Eguzki habían denunciado, expresa la entidad en una nota, sino que era poco menos que vox populi: «que en Ondarroa era corriente la captura ilegal de tiburones. Desde luego, ni el número de los ejemplares de marrajo sardinero localizados (no eran ni uno ni dos, sino veinte), ni el volumen de las tintoreras declarado de menos (un 29,7%) permiten pensar que se tratara de algo casual o puntual, sino de una práctica habitual, amparada en la impunidad», considera la entidad ecologista.
Este decomiso estuvo precedido de la alarma que se produjo en septiembre de 2017 a raíz de la difusión de unas impactantes fotografías tomadas en el puerto de Ondarroa en las que podían verse numerosos tiburones apilados. En torno a estas imágenes circularon informaciones graves, como la presencia aquel día en el puerto de marrajo sardinero, en peligro de extinción y protegido, o la práctica prohibida del corte de aletas o finning. Se denunciaba incluso que personal del puerto no pudo identificar la propiedad ni procedencia de algunos de los ejemplares.
Eguzki reclamó entonces al Gobierno Vasco que informase sobre la matanza de tiburones en Ondarroa de manera detallada y preferentemente pública. Meses después, en abril de 2018, la Inspección Pesquera, la estatal, realizó el decomiso.
En noviembre la Ertzaintza informó de que, a raíz de la denuncia de Eguzki, investigaba a varias personas por presunto delito contra el medio ambiente. Todas estas actuaciones han desembocado en la sentencia ahora conocida.
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