(EFE). Los centros educativos públicos y los privados concertados deberán asumir un reparto equitativo de los alumnos vulnerables a partir del próximo curso para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, aunque esa distribución sólo se llevará a cabo en las aulas de 2 años y no afectará a los ya escolarizados.
Para ello, el Gobierno Vasco ha aprobado la modificación del decreto de Admisión y Escolarización del Alumnado, cuya principal novedad es la reserva de plazas para la escolarización del alumnado vulnerable por parte de todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, que se incluye también a los privados concertados.
El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha señalado este jueves, en una rueda de prensa en San Sebastián, que «uno de los principales retos» de la sociedad vasca es «lograr una mayor cohesión, un mayor equilibrio», lo que en el ámbito educativo supone «lograr gestionar mejor la atención al alumnado más vulnerable».
El nuevo texto enumera las siguientes situaciones de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): «las producidas por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar».
La reserva de plazas de los centros se determinará en función un Índice de Vulnerabilidad de cada área de influencia que elaborará el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI), por lo que los solicitantes deberán cumplimentar un cuestionario que «permitirá evaluar la situación socioeducativa y determinar si se encuentra en una posible situación de vulnerabilidad».
Bildarratz ha recurrido a su localidad natal, Tolosa, para poner un ejemplo. Si en esa área de influencia ha solicitado plaza un centenar de niños y de ellos, 20 son vulnerables, significa que los centros deberán repartirse ese 20 %.
Ha manifestado que el objetivo es que todos los centros de un área de influencia se acerquen al índice de vulnerabilidad correspondiente a su área, a lo largo de tres cursos, mediante una mayor o menor reserva de plazas». «A ningún centro se le pedirá un esfuerzo mayor a 10 puntos en cada curso», ha precisado.
«Toda la comunidad educativa se debe implicar en este objetivo irrenunciable. Nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos años, y esa realidad social también debemos trasladarla al sistema educativo. Todos los centros escolares sufragados con fondos públicos tienen que trabajar conjuntamente, para lograr una sociedad más cohesionada, más igualitaria y con igualdad de oportunidades para todo nuestro alumnado», ha subrayado el consejero.
Según el nuevo decreto, el Departamento de Educación fijará el número de plazas escolares para adecuarse a las «necesidades reales» y evitar tanto la «sobreoferta» como la «infraoferta». Los centros de la misma zona tendrán que acoger al mismo porcentaje de niños en situación de vulnerabilidad.
Durante el plazo de solicitudes, las familias podrán indicar cuantos centros deseen, en orden de preferencia y sin límite -hasta ahora podían marcar hasta un máximo de 12 centros durante el proceso de admisión-.
Se posibilita a los niños con prematuridad extrema o gran prematuridad, nacidos en el último cuatrimestre del año natural y que accedan por primera vez a alguno de los cursos de Educación Infantil, soliciten la admisión en un curso inferior al que le corresponda por edad, ya que el nacimiento antes de completarse el periodo gestación «puede afectar a su proceso madurativo y de aprendizaje».
Además, a la composición de las Comisiones de Garantías de Admisión (una por territorio) se suma ahora la representación del alumnado, con excepción del alumnado de Infantil y Primaria.
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