Stop Desahucios vuelve a advertir sobre la situación de Ingris, una vecina de Amara Viejo que reside en una vivienda de Lazora (del fondo buitre Azora), empleada del hogar ahora despedida y sin ingresos. Tras haber contactado con Lazora, la empresa, en vez de optar por la condonación del 50% de las cuotas según permite la ley, ha preferido la moratoria, que sólo supone un aplazamiento y el fraccionamiento de la deuda en pagos hasta el 31 de mayo del año que viene en que finaliza el alquiler. La plataforma se ha dirigido al Ayuntamiento para que intervenga.
«La familia de Ingris se compone de tres miembros con un hijo menor y el único ingreso era el trabajo de ella como empleada de hogar con un salario de 950 euros y del que ha sido despedida el pasado 24 de abril», contextualiza Stop Desahucios, recordando que a partir de esa fecha la familia no tiene ingresos y ha solicitado la ayuda alimentaria a los Servicios Sociales y la RGI de 900 euros con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) de 250 euros.
«Ha cobrado la ayuda alimentaria y está pendiente la concesión de la RGI y la PCV (en total 1.150 euros), con lo que difícilmente podrá pagar la cuota normal de 668 euros más gastos de Comunidad, pero en ningún caso el fraccionamiento que puede llegar a 200 euros mensuales porque lo primero es comer«, insiste Stop Desahucios.
La plataforma está especialmente preocupada por la adquisición de viviendas en Donostia por parte de los fondos buitre tal y como reflejó en una reciente entrevista en DonostiTik. Primero fueron Testa Socimi en 2016 y Blackstone en 2018 con las 520 viviendas de VPO de Benta Berri, y en enero de este año Lazora (del fondo buitre Azora) con la venta de las 320 viviendas por parte de Inmobiliaria Vascongada.
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