(EFE). Las tres ruedas de reconocimiento celebradas este martes en el juzgado de San Sebastián que instruye el denominado «caso Pasaia», en el que en 1984 cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas murieron tiroteados por la Policía en esta localidad guipuzcoana, han concluido sin identificaciones.
Al término de esta diligencia, el único superviviente del suceso, Joseba Merino, ha explicado a los periodistas que, aunque inicialmente estaban previstas siete ruedas de reconocimiento, finalmente sólo han tenido lugar tres de ellas, porque uno de los policías presuntamente involucrados ha fallecido, otros dos han faltado. Además habría problemas «con el número» de un séptimo, según ha revelado luego su abogado.
Merino ha aclarado que, durante las diligencias que sí se han celebrado, él sí ha creído «reconocer a alguien» pero, «como no estaba seguro», las ruedas han terminado «sin reconocimiento positivo». «Sólo si estuviera -seguro- al 100 % lo hubiese dicho», ha recalcado.
Nuevas diligencias
El testigo ha avanzado no obstante que el resto de ruedas que no han tenido lugar hoy sí van a celebrarse próximamente y además se van a solicitar nuevas diligencias por lo que cree que este caso aún «no se ha acabado» y todavía «hay partido»
Merino ha dicho también que para él no ha sido «ninguna sorpresa» no haber podido identificar a nadie porque, en su opinión, la Policía hace «trampa», ya que no existe la posibilidad de saber si los «perpetradores» de los hechos de Pasaia «son los que han venido» a las ruedas de reconocimiento «o no».
Esta causa fue archivada en marzo de 2018, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazara el último recurso presentado por los allegados de los fallecidos en nombre del Ayuntamiento de Azpeitia, que ejerce la acción popular ya que dos de los muertos eran naturales de esta localidad guipuzcoana, mientras que los otros dos eran vecinos de Pamplona.
Único superviviente
No obstante, en 2020 el único superviviente de este suceso, Joseba Merino, creyó reconocer en un documental televisivo a varios de los policías que supuestamente participaron en los hechos, por lo que se solicitó al juzgado de instrucción la práctica de nuevas diligencias.
Esta instancia judicial no rechazó que se llevara a cabo el visionado del citado documental, aunque sí advirtió de que la causa estaría ya prescrita.
Este punto de vista no fue sin embargo compartido por la Audiencia de Gipuzkoa que ordenó el pasado noviembre la reapertura del caso, en cuyo marco fueron citados varios policías para participar en la sesión de reconocimiento que ha tenido lugar este martes en el Palacio de Justicia de San Sebastián.
Dos concentraciones
Durante la práctica de estas diligencias, en el exterior de este edificio han tenido lugar dos concentraciones, una convocada por Euskal Herria Antifaxista, a la que se ha sumado el propio Merino una vez terminada la diligencia, y una segunda en la que han tomado parte varios de los familiares de los fallecidos en 1984 en Pasaia.
En la primera de ellas varias decenas de personas se han reunido junto a las escaleras de acceso al inmueble tras una pancarta con el lema «Pasaia gogoan» (Pasaia en el recuerdo).
En uno de los laterales de la plaza se ha situado la segunda concentración cuyos participantes ha mostrado una pancarta con la frase: «Pasaiako sarraskia ikertu eta argitu» (Investigad y aclarad la matanza de Pasaia», y a la que se han unido varios miembros de EH Bildu como el parlamentario vasco Julen Arzuaga; el candidato a la Alcaldía de San Sebatián, Juan Karlos Izagirre; la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, y el edil pasaitarra Iraitz Pazos.
En este lugar, Peio Aizpuru, hermano de Dioni Aizpuru, uno de los cuatro fallecidos en Pasaia, ha afirmado que este asunto es «un caso paradigmático de terrorismo de Estado», en el que las víctimas recibieron en conjunto «113 orificios de bala» en diferentes partes del cuerpo e incluso dos de ellas fueron «fusiladas a sangre fría».
«Estamos indignados»
Aizpuru se ha referido también al informe encargado por el Gobierno Vasco a la cátedra de la Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, que alude a la existencia en este caso de «un conjunto de presunciones de hecho que militan abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajudicial».
A este respecto, ha lamentado que en su momento «alguien en el Gobierno Vasco» decidiera que ese informe no se entregara a los familiares y les haya sido «escondido durante tres años», por lo ha pedido la identificación de esta persona, ya que les ha impedido «poder seguir investigando y trabajando en el caso» durante este tiempo.
Aizpuru se ha preguntado asimismo por qué un informe similar sobre el «caso Naparra», elaborado en la misma fecha (marzo de 2020) por el mismo organismo, fue entregado de forma «oficial» a los afectados, mientras en el suyo «alguien decidió que había que meterlo en un cajón».
«¿Quién es la persona que decide en el Gobierno Vasco qué familias tienen derecho a recibir los informes y qué familias no?», se ha preguntado. «No hay derecho al trato que nos han dado, estamos indignados pero no estamos hablando desde el odio, hablamos desde la realidad de lo que nos ha ocurrido», ha concluido.
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