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Derribo

«Las familias de Okendotegi están en una situación desesperada»

Las nueve familias que residen en el caserío de Erbitegi, en Martutene, siguen a la espera para abandonar sus casas.

Las nueve familias que residen en el caserío de Erbitegi, en Martutene, siguen a la espera para abandonar sus casas. Desde el pasado mes de noviembre fueron avisados por ADIF de que deberían marcharse de sus casas debido al nuevo trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV). A día de hoy el “acta de expropiación definitiva” nos les ha llegado aunque en marzo se espera el inicio de una nueva fase de las obras. Elkarrekin Donostia y la asociación de Defensa del Patrimonio Áncora se reunirán hoy mismo con los vecinos para ver la manera más adecuada y eficaz de seguir preservando este edificio.

ADIF les ofrecía una indemnización de entre 80.000-120.000 euros según el valor de tasación, a lo que se le sumó 10.000 euros más tras las quejas de los vecinos. Por su parte el Ayuntamiento de San Sebastián no ofrece una solución a estos residentes, quienes en el pasado pleno vieron frustrado el intento de comunicación con la concejala de urbanismo, Nekane Arzallus. 

Por su parte Haizea Garay, concejala de Elkarrekin Donostia en el Ayuntamiento de San Sebastián, recalca que estas familias “están en una situación desesperada”. “El gobierno se había comprometido a buscar una solución, y ahora mismo está claro que no se les va a dar una casa de propiedad, en todo caso de alquiler”, afirmó Garay.

Además de todo ello la asociación de Defensa del Patrimonio, Áncora, ha pedido a las instituciones públicas que lleven a cabo un control arqueológico del citado caserío, puesto que es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, y según los primeros indicios data del siglo XV. Pertenecía a la familia de Iriarte.

Cabe recordar que según el plan original este caserío no iba a ser demolido, ya que el trazado del TAV no cruzaba la vivienda. Pero vista la cercanía a la que se encuentra la vía del edificio se ha decidido su derribo al ver “peligrar la estabilidad de la casa”, explicó Garay. “El Gobierno municipal tiene que dar una respuesta, hay una familia monoparental, una mujer que cobra la RGI… Son familias vulnerables con una situación complicada”, añadió la concejala.


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