Las seis familias afectadas por el final del alquiler social que tienen en Apartamentos Dotacionales de Intxaurrondo y de Hernani ya han advertido esta mañana de que no van a entregar las llaves de los mismos. Lo han hecho durante la concentración convocada por Stop Desahucios.
Tal y como se ha informado estas familias permanecerán en las viviendas donde viven hasta que se les adjudiquen otras, también de carácter social, «porque no pueden pagar con sus ingresos precarios los alquileres desbocados que en Gipuzkoa están en 1.138 euros de media».
Estas familias, apoyadas por organizaciones sociales como Caritas Altza Larratxo, sindicatos como LAB y CNT y representantes políticos de Elkarrekin Donostia y de EH Bildu, han solicitado el derecho subjetivo que les ha sido denegado por sobrepasar «en cantidades ridículas» los topes de 9.000, 12.000 y 15.000 euros brutos anuales para unidades familiares de 1, 2 y 3 o más miembros fijado en la Ley de vivienda vasca en junio 2015 «y que se encuentra desfasado» según denuncia Stop Desahucios.
Es la tercera vez que la plataforma se moviliza por este motivo e insiste en que el Gobierno vasco, en vez de adjudicar a estas familias una vivienda social en Alokabide o Bizigune, les adjudicó unos apartamentos dotacionales de entre 32 y 45 metros pensados para la emancipación de jóvenes cuyos contratos son de cinco años improrrogables.
Entre los afectados hay personas con hijos menores a cargo o con discapacidades reconocidas por los servicios correspondientes.
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