Detrás de una pancarta con los lemas ‘Ser vendedor ambulante no es delito’ y ‘¡No a la criminalización! ¡No al racismo!’, un grupo de integrantes y afines del sindicato LAB se ha concentrado esta mañana ante los Juzgados donostiarras. Se ha debido a que hoy tenían que declarar allí los protagonistas de dos casos que, en realidad, son el mismo: el del senegalés Moussa Sow, vendedor ambulante africano que fue detenido el año pasado mientras trabajaba en la Parte Vieja; y el del conocido referente independentista Joseba Álvarez, identificado por defender al arrestado.
Urtzi Ostolozaga, secretario adjunto de Acción Social de LAB, relata que los hechos sucedieron el 24 de junio de 2018 al mediodía, cuando Moussa se encontraba vendiendo sus pulseras: “Se le acercan dos policías municipales, le requisan el material y se lo llevan detenido”, supuestamente tras resistirse. Asegura que no es una situación aislada, sino “una política continua”; lo que sucede es que, “en este caso, hemos estado cerca y lo hemos podido denunciar de primera mano”.
Todo sucedió a pleno sol, y al contemplar esa actuación (“bastante violenta”, según Ostolozaga), varios ciudadanos se acercaron a sacar la cara por el vendedor ambulante, entre ellos Álvarez. Después, según LAB, la propia Policía Municipal, dependiente del Consistorio, denunció a ambos. A Moussa “le acusan de atentado contra la autoridad, y a Joseba de desórdenes públicos”. Al primero le podrían condenar hasta a años de cárcel, o devolverle a su país. Y “también nos parece de gravedad que a Joseba se le aplique la ‘ley mordaza’ por solidarizarse con otro trabajador”.
Ostolozaga destaca la ironía de que el Ayuntamiento, “al de pocos días de aquella actuación, dijo que éramos ciudad de acogida”. Un segundo punto irónico que percibe es que hoy, muy poco después del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo), “nos tenemos que concentrar una vez más en los Juzgados en defensa de un sector criminalizado”, y a la vez “por los derechos humanos, contra el racismo institucional y por las condiciones de vida de estas personas”.
Ciudad de «blancos obedientes»
Para LAB, la Corporación Municipal (“responsable” de dicha actuación policial) quiere “una Donostia de escaparate”, genuflexa ante el turismo y “de blancos obedientes. Quiere la Donostia de la noria, la playa, el helado y las luces de Navidad, y esta gente le molesta en sus calles”. En el sindicato creen que se trata de una política migratoria “que roza el fascismo, y ellos deberían velar por las condiciones de vida de estas personas”.
Moussa y los que tratan de ganarse la vida como él “no son delincuentes”, recalca Ostolozaga, sino “trabajadores como nosotros, personas que han tenido que emigrar por causas económicas o políticas. Y nos parece responsabilidad de las instituciones que tengan unos empleos dignos”, porque, si los tuvieran, “no se dedicarían a la venta ambulante”.
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