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La Policía Nacional inmoviliza diez toneladas de almejas japónicas introducidas ilegalmente, parte en Gipuzkoa

Agentes de la Policía Nacional han inmovilizado diez toneladas de almejas japónicas capturadas por furtivos en Portugal e introducidas ilegalmente

Foto: Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han inmovilizado diez toneladas de almejas japónicas capturadas por furtivos en Portugal e introducidas ilegalmente en España. Los investigadores han localizado una veintena de viveros que comprarían el marisco irregularmente capturado en territorio luso y distribuido en nuestro país con documentación falsificada. Como consecuencia de las actuaciones operativas se realizaron 19 registros y 20 inspecciones administrativas en las provincias de Gipuzkoa, Santander, Huelva y Pontevedra. Un total de 20 personas jurídicas y dos personas físicas están siendo investigadas por los delitos de falsedad documental, marisqueo ilegal, fraude fiscal y blanqueo de capitales. En total se han intervenido 10 toneladas de almeja japónica.
La organización criminal compraba las almejas a furtivos portugueses en torno a los 3 euros el kilo para después venderlas a los viveros españoles a unos 7 euros el kilo. Finalmente el producto llegaba al mercado español alrededor de los 12 euros el kilogramo. Los agentes han realizado 19 entradas y registros y 20 inspecciones administrativas en cuatro provincias, una de ellas Gipuzkoa, en una operación realizada en colaboración con la Policía Marítima de Portugal, Guarda Costas de Galicia, el Servicio Veterinario de la Xunta de Galicia, los servicios de inspección de pesca de Galicia, Cantabria y Huelva, y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Gipuzkoa.
En el año 2015 se recibió a través de la Agregaduría de Interior de España en Portugal una comunicación de la Policía Marítima de Lisboa en la que indicaban la existencia de una organización criminal dedicada al marisqueo ilegal en zonas contaminadas de la costa portuguesa y que el destino de ese marisco era su venta ilícita en nuestro país utilizando documentación falsificada.
A partir de ese punto se mantuvo una comunicación permanente con las autoridades portuguesas al objeto de determinar los medios utilizados por la organización criminal portuguesa para introducir el marisco ilegal con el objeto de localizar los lugares de almacenamiento y distribución del marisco ilegal en territorio nacional.
Las autoridades lusas consiguieron determinar el nombre de los transportistas que se estarían dedicando a la introducción del marisco de forma ilícita así como algunos de los vehículos industriales utilizados. De este modo se llegó hasta alguna de las empresas que estarían recibiendo la mercancía. Tras exhaustivas pesquisas documentales y sobre el terreno se identificó una veintena de viveros de Santander, Huelva, Gipuzkoa y principalmente en Pontevedra que estarían “blanqueando” la entrada de almejas japónicas en el mercado nacional. Estos viveros adquirían la almeja irregularmente mariscada por los furtivos portugueses a la organización que posteriormente la introduciría en España.
La organización portuguesa obtenía pingües beneficios de la compraventa de esta almeja, deficitaria en el mercado español e invasiva en las costas contaminadas donde se capturaba. La compra a los furtivos se haría en torno a los 3-3.5 euros el kilo y la organización lusa las vendía a los viveros sobre los 7 euros por kilo. Después las empresas españolas las harían llegar a nuestro mercado en torno a los 10-12 euros por kilogramo.
En el año 2017, y con el objeto de acreditar este tráfico ilícito de almeja japónica desde Portugal, las autoridades lusas pararon varios vehículos comerciales de la organización criminal portuguesa e intervinieron más de 5 toneladas de este marisco con documentación falsa. Del estudio de la documentación pudieron acreditar que se estarían falsificando los documentos administrativos oficiales en alguna imprenta de España, facilitando datos a los investigadores españoles con el objeto de proceder a su localización y tratar de determinar el grado de implicación de dicha empresa en la estructura organizativa de la actividad criminal investigada.


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