Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración ha presentado esta mañana en Bilbao los resultados del estudio ‘La aportación de las personas de origen extranjero en la CAE a través del PIB. Una aproximación desde el lado del gasto’, con el que han analizado la relación entre gasto y aportación económica al PIB que hizo la población inmigrante en 2018, es decir, en un periodo previo a la crisis del COVID-19.
Según el estudio elaborado por Ikuspegi en colaboración Cultumetría, consultora especializada en la medición de impacto y análisis sociales, se demuestra que el dinero dedicado por las Administraciones Públicas (714.912.000€) es inferior a la aportación económica que hace la población inmigrante a la economía vasca (1.525.292.820€). Esto es que el dinamismo económico que generó el consumo de la población extranjera en 2018 tuvo un impacto positivo de 810.380.818€; esto el 2,06% del PIB.
El informe corrige, así, la falsa creencia de que la población inmigrante recibe más de lo que aporta a la economía vasca. Responder a esta pregunta era, precisamente, el principal objetivo del estudio, que es continuación del realizado también por Ikuspegi en 2016, donde se midió la aportación fiscal de la inmigración en el periodo de crisis económica.
Durante la presentación del informe, Arkaitz Fullaondo, investigador principal del estudio y miembro de Ikuspegi y Álvaro Fierro, responsable de proyectos e investigación en Cultumetria, han estado acompañados de Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco; y Simón Peña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU.
La viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, ha puesto de relieve que los datos ofrecidos por este nuevo informe realizado por Ikuspegi rompen los estereotipos y rumores sobre una población inmigrante subsidiada y dependiente de la ayuda pública. “La población vasca de origen extranjero aporta en nuestra comunidad autónoma casi el doble de lo que recibe del erario público, superando su contribución a la riqueza más del 2% del PIB. Estas cifras rompen los estereotipos sobre un colectivo ni subsidiado ni dependiente del erario público”, ha señalado Amilibia.
Por su parte Fullaondo ha asegurado que “se ha abordado la investigación desde un punto de vista sensiblemente conservador, para lo que hemos trabajado solo con datos oficiales de gasto de las administraciones públicas y hemos evitado otros datos que pudieran ser cuestionados por su fiabilidad como el análisis de la economía sumergida”.
Para realizar el estudio, el Observatorio Vasco de Inmigración y Cultumetría han analizado la información facilitada por los organismos oficiales relacionados con el gasto social público: departamentos de Vivienda, Educación y Salud del Gobierno vasco; así como por parte de Lanbide.
Así, en el caso de la vivienda se ha fijado en las cifras ofrecidas por las áreas del departamento de Vivienda del Gobierno vasco (Alokabide, Visesa y Etxebide y el Observatorio Vasco de la Vivienda).
Por otro lado el estudio analiza la información facilitada por el departamento de Educación del Gobierno vasco sobre matriculación del alumnado extranjero en los centros de educación no universitaria, tanto público, como privado y la inversión que ello supone.
Otro de los aspectos observados ha sido el gasto que supone la atención sanitaria a la población inmigrante, el cual se ha obtenido a partir de la estimación de gasto sanitario en la CAPV distribuida por grupos de edades y que publica el departamento de Salud de Gobierno Vasco.
Quizá el dato más sensible sea el relativo a las prestaciones sociales destinadas a la población de origen extranjero. Una cifra que ha sido obtenida tanto de la parte proporcional de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en la CAPV destinada a este colectivo, como de las Prestaciones Complementarias de Vivienda y el acceso a los Servicios Sociales.
En contraposición el estudio ha analizado la aportación que la población de origen extranjero realiza a la economía. Datos que ha obtenido a partir de la Encuesta del Gasto Familiar de Euskadi, que realiza el EUSTAT, así como de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2018.
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