Una hora justa y un pleno extraordinario sin sorpresas y Donostia cuenta ya con su ordenanza de viviendas turísticas, que próximamente será publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Una normativa que defiende el equipo de gobierno y que la oposición ha tachado durante la sesión, entre muchas cosas, de «engendro jurídico» (Miren Albistur del Partido Popular), y a la que algunos le auguran una vida corta («ésta será conocida como la ordenanza breve» (Ricardo Burutaran, de EH Bildu). En todo caso los 16 votos a favor de jeltzales y socialistas han sido suficientes para dar el visto bueno a una normativa que fuera del ámbito político critican las asociaciones de vecinos, Stop Desahucios, la Asociación de Apartamentos Turísticos (Aparture) y la Autoridad Vasca de la Competencia.
Se ha aferrado el equipo de gobierno a que la normativa logrará hacer convivir el fenómeno de los pisos turísticos con el ámbito residencial y a que sufren críticas tanto de un lado (caso de Aparture) como del otro (Stop Desahucios y asociaciones vecinales que abogan por hacer primar la vertiente residencial). Varias de estas entidades precisamente se han dado cita hoy en el Ayuntamiento para dejar claro que no aprueban la normativa.
El concejal Enrique Ramos ha reiterado a la oposición que no desaparecen las restricciones de la primera planta ni la barrera de los 250 metros cuadrados. «Mantememos ambas, pero no para determinadas zonas donde se pueden flexibilizar sin generar un gran impacto y se dinamiza así la economía local». Y se ha referido a Amara.
Para Loïc Alejandro, de Irabazi, la normativa hoy aprobada desprotege la vivienda en su función de residencia y flexibiliza la norma vigente del plan general, «que es lo que no había que hacer». Y ha asegurado que con esta ordenanza pasará a ser legal un tercio de los pisos turísticos que hasta ahora eran ilegales. Además la normativa «no es proporcional».
Para la popular Miren Albistur la ordenanza «genera inseguridades» y «no se justifica la zonificación». «Cuando les interesa la vivienda es un hotel y, cuando no, sólo es una vivienda» (en referencia a las exigencias de accesibilidad, por ejemplo, que no se van a exigir). «¿Han calculado las consecuencias jurídicas?», ha preguntado también la concejala, añadiendo que el equipo de gobierno no ha contentado ni a vecinos ni a propietarios.
Ricardo Burutaran, concejal de EH Bildu, se ha referido especialmente al precio del alquiler de vivienda en Donostia y ha reclamado una vez más que se mantuviera la restricción de la primera planta. «El alquiler ha subido un 20% y el metro cuadrado en venta 200 euros», ha cifrado el abertzale, sacando a colación otro tema controvertido, el del Ensanche Oriental de la Parte Vieja que quedará fuera de la zona considerada restringida. «Hoy van a abrir numerosos frentes jurídicos. Ésta va a ser conocida como la ordenanza breve».
Como era previsible también ha sobrevolado el pleno la Autoridad Vasca de la Competencia, que en un reciente informe expresa que «el Ayuntamiento no ha justificado en el expediente administrativo que las medidas recogidas en la Ordenanza se hayan establecido por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, así como que, aun existiendo dichas razones, no existan otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado». Y concluye este organismo además que las comunidades de propietarios son las entidades más apropiadas para limitar o prohibir la realización de actividades económicas en las mismas, en caso de que de ellas se derivasen molestias o se perturbara la convivencia entre vecinos, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley sobre propiedad horizontal».
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