La limitación del precio de los alquileres, una vez que San Sebastián sea declarada zona tensionada en materia de vivienda, «se aplicará solo a los nuevos contratos que suscriban los grandes tenedores, así como a las nuevos contratos de viviendas de pequeños propietarios que no hayan estado anteriormente en alquiler», según han explicado desde el Ayuntamiento donostiarra, donde calculan que en toda la ciudad hay 3.000 viviendas en este caso.
Según fuentes municipales hay unas 3.000 viviendas en manos de lo que se denominan ‘grandes tenedores’. Esto supone alrededor del 3% del total de las 95.000 viviendas existentes. El número de viviendas destinadas al alquiler de larga duración en la ciudad, según datos de Gobierno Vasco, es aproximadamente de 9.349 viviendas.
La concejala de Planificación Urbanística y Vivienda ha explicado que “Donostia es una ciudad de pequeños propietarios, y es muy habitual el caso de personas o familias que son titulares de la vivienda que habitan, y que pueden tener otra vivienda que ceden en alquiler, con la que complementan sus ingresos o su pensión. La declaración de zona tensionada en nuestro caso afectará principalmente a los grandes tenedores, esto es, a propietarios de cinco o más viviendas”.
Tramitación
El Ayuntamiento de Donostia ha informado esta mañana de que trabaja desde hace meses en la preparación de la documentación para solicitar a Gobierno Vasco que la ciudad sea declarada zona tensionada de alquiler. Esta documentación se compone de una memoria justificativa con un diagnóstico de la situación de la población, el mercado de la vivienda y sus niveles de accesibilidad, y de un plan específico de medidas y su cronograma de aplicación.
El gobierno municipal junto a Donostiako Etxegintza ha celebrado diferentes reuniones con los grupos políticos municipales, así como con diversos agentes implicados.
Nekane Arzallus ha subrayado que “se trata de un documento abierto a las aportaciones que realicen los grupos municipales y agentes implicados, con el objetivo de lograr un diagnóstico y un plan de acción que permita mejorar la situación del mercado de la vivienda destinada al alquiler habitual”.
Arzallus ha recordado que la declaración de zona tensionada implica, entre otros aspectos: “el establecimiento de topes máximos al incremento de los alquileres para evitar subidas abusivas; el establecimiento de prórrogas extraordinarias para los contratos de alquiler, la limitación de la renta inicial de nuevos contratos de arrendamiento para grandes tenedores y para viviendas que no hubieran estado alquiladas, y la movilización del suelo para destinarlo a usos residenciales, con el objetivo final de alcanzar el 20% de vivienda destinada a políticas sociales.
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