(EFE). La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia ha archivado provisionalmente una de las dos querellas por el denominado caso Bidegi que la Diputación de Gipuzkoa presentó, cuando era gobernada por EH Bildu, por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1.
El auto, al que ha tenido acceso EFE, no es firme ya que en su contra cabe interponer aún un recurso de apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa en un plazo de tres días.
La investigación sobre el caso Bidegi comenzó en noviembre de 2014, cuando la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu, presentó una querella por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1.
Primera querella
Esta primera querella, que aún sigue en fase de instrucción, está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la acusación calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros.
Esta querella fue ampliada posteriormente al entender que las irregularidades se extendieron a los trabajos de los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki.
Posteriormente, la Diputación presentó una segunda querella por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza, que es la que ahora ha sido archivada.
Ambas querellas fueron interpuestas por la Diputación de Gipuzkoa cuando estaba gobernada por Bildu y se refieren a la actuación del ejecutivo anterior, que presidió Markel Olano (PNV) entre 2007 y 2011.
La Diputación, institución que presentó las querellas, continúa personada en la causa, aunque ahora su estrategia se alinea con la de los imputados, el exdirector técnico de Bidegi, el gerente de la UTE Arlaban, que ejecutó los trabajos, y el responsable de la Ingeniería Euroestudios, que ejerció la dirección técnica de las obras, mientras que cuatro exjunteros de EH Bildu mantienen la acción popular.
Sin acreditar
El auto emitido ahora por el Juzgado de Azpeitia señala que, «de las diligencias practicadas» en el marco de esta segunda querella, «no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa».
«A pesar de la extensa actividad probatoria no ha podido determinarse, ni siquiera indiciariamente, si efectivamente fue o no defraudada una cierta cantidad presupuestaria con ocasión de la realización de las obras ejecutadas en la autopista AP-1 Vitoria/Gasteiz-Eibar, tramo Arlaban-Eskoriaza norte», remarca el escrito judicial.
«La extensa documental obrante en las actuaciones, con las declaraciones testificales y periciales practicadas, no ha hecho sino poner de manifiesto las numerosas incongruencias que presentaba» el informe pericial en el que se sustentaba la querella, remarca el auto.
Deficiencias
Un informe que, por otra parte, fue revisado por la propia Diputación con un segundo documento que detectó «innumerables deficiencias, errores y omisiones» que «invalidan» todas y cada una de las conclusiones establecidas» en el informe original.
Paralelamente, la institución foral aportó un nuevo dictamen pericial que también «vino a desautorizar el informe previo» que, según el auto, partía de «un escenario erróneo» ya que, entre otros aspectos, consideraba «erróneamente» que la liquidación efectuada con Álava respecto a las obras realizadas tenía «carácter contractual entre Bidegi y la UTE contratista».
El juzgado explica también que durante la instrucción del caso distintos técnicos de la Diputación desvelaron que el informe que sustentaba la querella no era «válido» porque «está plagado de fallos» y no hay en él «un apartado que no contenga errores, omisiones o todo tipo de imprecisiones», así como de «formas de medir no apropiadas» que «invalidan en todo caso» sus conclusiones.
Incidencias
La jueza advierte asimismo de que inicialmente estaba previsto un plazo de 34 meses de ejecución para esta obra que «finalmente requirió 70», porque «hubo multitud de incidencias», entre ellas 140 desprendimientos, inundaciones a causa de un río y «problemas de mala certificación».
Igualmente, recuerda que la obra se vio afectada por el cambio de la normativa de custodia de explosivos a raíz de los atentados del 11 de marzo de Madrid».
El auto, fechado el 25 de agosto, argumenta finalmente que el juzgado no consideró «proporcionada» la elaboración de un nuevo informe pericial sobre todo este asunto como solicitó la acción popular, «dado el coste presupuestario» que supondría, estimado en unos 288.000 euros.
Motivos todos ellos por los que acuerda el sobreseimiento provisional de la querella, tras considerar acreditado que el informe que la sustentaba «estaba repleto de errores».
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