«Estamos ante un problema que ha venido para quedarse y al que hay que ponerle coto: los drones«, ha explicado esta mañana el concejal de Seguridad Martín Ibabe en una rueda de prensa que ha pretendido ser «una llamada de atención» ante lo que probablemente es desconocimiento por parte de quienes utilizan estos artefactos aéreos: se requiere autorización en todos los casos y en San Sebastián, zona de influencia aeroportuaria, los vuelos no están permitidos salvo que sean de carácter profesional (y siempre con el citado permiso).
Ibabe ha explicado que el Ayuntamiento donostiarra gestionó en 2023 46 peticiones profesionales para volar y la Guardia Municipal interceptó 10 actividades no comunicadas que fueron propuestas para sanción.
«Cada vez son más los avistamientos que se producen en la ciudad, algo que se multiplica con la llegada del buen tiempo. En Donostia es necesario obtener una autorización”. Además esta ciudad supone un caso diferenciado, puesto que se encuentra en zona de influencia aeroportuaria, lo que hace que todos los vuelos de dron deban estar controlados y registrados por ENAIRE, el gestor de navegación aérea de España.
Las sanciones van desde los 60 euros a los 225.000 en caso de ser un vuelo para uso recreativo, o desde los 4.500 euros y hasta cifras mucho más elevadas de los 225.000 euros citados cuando se trata de lograr imágenes profesionales.
Qué hay que hacer
Desde el 31 de diciembre de 2020 existen unos requisitos mínimos regulados por normativa europea que afectan tanto a drones cuyo uso sea recreativo como profesional e independientemente del tamaño o peso que tengan los aparatos. “Es indispensable que las personas que pretendan volar un dron estén registradas como operadoras en la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), que tengan un mínimo de formación acreditable de piloto de este tipo de aparatos, un seguro obligatorio de responsabilidad civil, seguir las reglas generales de operación establecidas, así como tener en cuenta las limitaciones al vuelo decretadas en determinados lugares y disponer de un sistema de identificación a distancia directa”.
Una vez cumplimentados estos requisitos mínimos Martin Ibabe ha señalado que “es indispensable hacer un documento de coordinación con ENAIRE, el gestor de navegación aérea de España, posteriormente comunicar el vuelo a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, y finalmente obtener un permiso municipal a través de la Unidad de Uso del Espacio Público, que comunica la actividad a la Guardia Municipal, para que pueda realizar un control de desarrollo de la misma”.
«Los drones de menos de 250 gramos están sujetos a la misma normativa, dado que esta ciudad está en un entorno aeroportuario. Es decir, quien pilote debe cumplir todas las medidas de seguridad establecidas, disponer de la titulación necesaria, así como del seguro obligatorio de responsabilidad civil y las medidas adecuadas de protección hacia las personas”.
Quienes piloten este tipo de drones deberán haber superado del examen de AESA de Nivel 1 para obtener el certificado que permite volar este tipo de aparatos. Asimismo no pueden superar los 120 metros de altura desde el suelo, ni los 50 metros de distancia horizontal, y no podrá volar en un radio de 8 kilómetros de cualquier aeropuerto, aeródromo u otros espacios aéreos controlados. Además está prohibido volar en Parques Nacionales, zonas de conservación de fauna, Reservas de la Biosfera y demás espacios naturales protegidos.
En el caso de llevar cámara, quien pilote el dron deberá tener cuidado en no vulnerar la Ley de Protección de Datos, así como el Derecho al Honor e Intimidad de las personas, y contar con un seguro de responsabilidad civil.
Hasta 20 avisos en un mes
«Se han llegado a producir hasta 20 avisos de vuelos de drones no comunicados en un mes, lo cual nos preocupa, ya que se están realizando sin ningún tipo de control ni permiso”.
Urgull, Ulia y las tres playas de la ciudad son los lugares en los que más se producen estos vuelos, que son objeto de seguimiento por parte de la Guardia Municipal. “Es muy difícil dar con los responsables, pero en ocasiones, tras investigar en las redes sociales, conseguimos dar con las personas que están detrás de una actividad ilegal que podría acarrear sanciones de gran consideración”.
Las sanciones van desde los 60 euros a los 225.000 en caso de ser un vuelo para uso recreativo, o desde los 4.500 euros y hasta cifras mucho más elevadas de los 225.000 euros citados cuando se trata de lograr imágenes profesionales.
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