(EFE). La Fiscalía de Gipuzkoa ha solicitado que sea investigada por un juzgado de instrucción la presunta instalación, no prevista ni autorizada, de un drenaje en la salida de gases de los hornos de la incineradora, al apreciar indicios de un delito de prevaricación ambiental por parte de un inspector del Gobierno Vasco.
El decreto emitido por el fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial ha sido facilitado este jueves por la denunciante de los hechos, la plataforma GuraSOS, en una rueda de prensa que han ofrecido en San Sebastián sus miembros Joseba Belaustegi y Olatz de Miguel.
Según el decreto, del 13 de octubre, tras analizar la denuncia y documentación aportada «se infiere que los hechos revisten, indiciariamente, los caracteres de un delito tipificado y penado en el artículo 329.1 del Código Penal».
Según ha indicado Belaustegi, dicho artículo hace referencia «al tipo penal agravado y especializado de prevaricación ambiental» que está «penado con prisión de 6 meses a 3 años», además de las inhabilitaciones de los casos generales.
El Ministerio Público decreta remitir la denuncia al juzgado de instrucción que corresponda por turno «a fin de que incoe diligencias previas».
En los antecedentes del hecho, el fiscal se refiere a la demanda interpuesta el 21 de septiembre pasado por GuraSOS, «poniendo de manifiesto la instalación de un drenaje o purga de agua de los conductos de salida y depuración de gases de combustión de caldera, no previsto en el proyecto y sin autorización, circunstancia presuntamente obviada por el técnico que hizo las inspecciones correspondientes».
Belaustegi ha explicado que la denuncia de los hechos está descrita en 12 folios, junto a otros 250 de documentación, entre la que figura un ejemplar del diario Berria y la fotografía que incluía una información publicada unos días antes, que alertaba del posible origen de «las filtraciones o vertidos contaminantes denunciados en el entorno de la incineradora» y cercana regata de Arkaitzerreka.
La foto, hecha por una persona «anónima» de «dentro» de la infraestructura, es de febrero de 2020, ha asegurado el abogado de GuraSOS, que ha afirmado que muestra «el tubo clandestino» saliendo «directamente de los hornos» que queman basura.
Ha agregado que ese drenaje «va a la red de aguas de la incineradora», que «no está destinada ni preparada» para transportar «las dioxinas que llevan los gases de combustión».
Tal como argumenta GuraSOS dicha purga de agua «es muy evidente a simple vista» y «tuvo que ser necesariamente observada» por el técnico responsable de las inspecciones a las instalaciones.
La demanda señala, con nombres y apellidos, al funcionario que supuestamente «obvió» ese drenaje en «las actas de inspección» de febrero a junio de 2020 y que dieron lugar a la definitiva Declaración de Efectividad de la Autorización Ambiental Integrada, que permitió la entrada en funcionamiento de la incineradora.
En todas ellas, sostiene GurarSOS, el inspector fue el técnico del Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Medio Ambiente y responsable del Servicio de Prevención y Control de la contaminación del ejecutivo autonómico.
En la última supervisión, estuvieron presentes también, apunta en su denuncia la asociación, la responsable de vertidos de la Agencia Vasca del Agua-URA y otro del servicio de flora y fauna de la Diputación de Gipuzkoa.
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