(EFE). Los dos fiscales de la Delegación de Seguridad Vial de la Fiscalía de Gipuzkoa asumirán el caso del varón de 35 años atropellado tras una discusión de tráfico, después de que la víctima falleciera el miércoles en el Hospital Donostia donde fue ingresado, han informado a EFE fuentes del Ministerio Público.
El arrollamiento tuvo lugar pasadas las 19.30 horas del pasado sábado en la carretera que une la rotonda de Martutene con el túnel de Zorroaga.
En este lugar, después de haberse visto implicados en una discusión de tráfico, los dos conductores pararon sus vehículos a unos cien metros del túnel, donde el detenido golpeó con su coche al de la víctima, quien descendió y se situó delante del turismo del agresor para evitar que abandonara el lugar.
No obstante, el arrestado, un joven de 28 años y que trabaja como técnico de ambulancias, decidió reanudar la marcha y atropelló al otro varón, al que desplazó durante varios metros antes de que cayera al suelo, tras lo que se dio a la fuga.
Una patrulla de la Guardia Municipal localizó poco después en el barrio de Amara al fugitivo, quien se había refugiado en el local de la sede de emergencias en el que trabaja, donde fue detenido y posteriormente trasladado a la comisaría, según fuentes del caso.
Este varón fue puesto ayer a disposición de la autoridad judicial que posteriormente decretó su puesta en libertad provisional con cargos y distintas medias cautelares.
Fuentes del Ministerio Público han explicado ahora a EFE que en este primer momento, en el que la víctima se encontraba herida y no se descartaba que en un futuro pudiera declarar como testigo, la fiscal de guardia no solicitó el ingreso en prisión provisional del investigado ya que, en su opinión, no existía «riesgo de fuga», como también entendió el juez de guardia.
En aquel momento, la posible pena a la que podría enfrentarse el investigado como presunto responsable de un delito por abandono del lugar de un accidente con un herido podría oscilar entre los seis meses y los cuatro años de prisión, lo que, unido al arraigo familiar y profesional del investigado en el territorio, propició su puesta en libertad provisional con la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial como medidas cautelares.
La citadas fuentes han precisado que ahora, tras el fallecimiento de la víctima, serán los fiscales especializados en Seguridad Vial quienes asuman el caso por parte del Ministerio Público para estudiarlo en profundidad y decidir si eventualmente se solicitan nuevas medidas al respecto. Más información sobre el caso, aquí.
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